La suspensión de la caza como medio para controlar la población de las especies cinegéticasal sector agrícola, ganadero y a las personas ha llevado a Caza en Abierto, con unas 22.000 hectáreas arrendadas en la provincia de Zamora, y al partido de Acción Natural Ibérica (Anatur) a reclamar una actuación “urgente y eficaz” a la Administración Central, que ha asumido las competencias”, y posteriormente a la administración autonómica. “Los daños pueden ser incalculables” expresa Emilio Sanz-Pastor, fundador de Caza en Abierto, con uno de sus cotos "ejemplares" en Pedralba de la Pradería, y vicepresidente primero de Anatur, partido político “nacido para defender el mundo rural”, que preside Daniel Núñez Pérez.
En su escrito ponen de manifiesto que si no se adoptan determinadas medidas el descontrol poblacional de animales silvestres causarán "graves problemas al sector ganadero, al sector agrícola, al sector cinegético, al sector hotelero, hostelero, al propio ser humano y, en especial, a los núcleos de población rural”. Sus propuestas han sido remitidas a la Dirección del Patrimonio Natural y Forestal de la Castilla y León, así como al resto de comunidades, y también a los ministerios de Interior, a Transición Ecológica y a ministerio Agricultura, Ganadería y Pesca.
Solicitan que “la autorización nominal de manera inmediata de tantos cazadores por acotado como sean necesarias para el correcto y eficaz control poblacional”, que sería realizado “en solitario, sin tener contacto alguno con la población y tomando todas las precauciones necesarias en materia de sanidad señaladas por la autoridad competente, bajo el apercibimiento de graves sanciones en caso de incumplirlo”.
“La Administración Central y las diferentes Administraciones Territoriales tienen en su mano el autorizar ahora mismo medios (los habituales, ninguno “excepcional”) para que un número controlado de cazadores (debido a la situación sanitaria excepcional en la que nos encontramos) puedan llevar a cabo éstos necesarios y urgentes controles poblacionales”. Aluden a las modalidades de rececho, en la que un (1) cazador sale solo de su casa, se desplaza al monte en donde tiene que realizar esa labor y retorna (solo) a su casa, sin necesidad alguna de tener contacto con otras personas y por tanto ser un “factor de contagio” del COVID. Y asimismo al aguardo “en la que el cazador actúa de la misma manera, pero durante la noche”, una modalidad “más adecuada para el control poblacional del jabalí y de predadores, ya que éstos tienen costumbres nocturnas”.
También propone que, "en caso de no querer autorizar a nadie para realizar esta urgente y necesaria labor de control poblacional y/o silvícola, se fijen unas indemnizaciones tanto para el sector ganadero, como para el agrícola, como para los pueblos, para los titulares cinegéticos y para los arrendatarios, cantidades económicas perfectamente cuantificables y que los diferentes afectados fijarían en base a las pérdidas causadas por su inacción, que serán abonadas a éstos por el Gobierno a lo largo de los 6 meses siguientes a la finalización del estado de alarma".
Anatur y Caza en Abierto proponen “el control poblacional de las especies de animales silvestres y cinegéticas”, y destacan “lo que supone el control poblacional en el equilibrio de la pirámide poblacional de nuestros ecosistemas terrestres, única herramienta eficaz - implementada de manera responsable - para mantener saneadas las poblaciones de animales y evitar numerosos problemas y daños, no sólo a intereses económicos sino, y sobre todo, a las propias poblaciones animales que habitan nuestros ecosistemas “semi artificiales” y en donde es imposible (y así está demostrado) que sean “autorregulables”.
También, en lo tocante, a los daños al sector ganadero, indican que "la proliferación de determinadas especiesanimales silvestres, en determinadas áreas, está produciendo y producirá tremendos daños al sector ganadero. Al respecto aluden “al contagio de epizootias y zoonosis al ganado: que pueden terminar en el sacrificio total o parcial de una ganadería o su inmovilización y aislamiento; y daños a los pastos, que está reduciendo drásticamente el alimento natural del ganado en extensivo. Igualmente con repercusión en daños a la agricultura que afectan al sector ganadero. Señalan que “estamos viendo como cosechas de cereal están siendo gravemente dañadas por la proliferación de conejo y otros ungulados silvestres como el jabalí y cérvidos de diferentes especies. La recolección de estas cosechas se verá muy dañada en cuanto al porcentaje de materia prima que habrá sido alimento de esta fauna silvestre, careciendo en la actualidad de medios para su control debido a la prohibición del Gobierno”.
Añaden en su documento que “la pérdida parcial de estas cosechas afectará sin duda al sector ganadero en cuanto a que se reducirá drásticamente la producción de forraje destinado a alimento de nuestra ganadería, por lo que y como consecuencia de esto, nuestros ganaderos verán reducido su poder adquisitivo al incrementarse el precio del pienso en lonja y, además, ser este escaso”. En lo referente a daños al sector agrícola subrayan que “el descontrol de poblaciones de muchas especies animales silvestres, entre ellas muchas cinegéticas, está provocando daños - algunos irreversibles - en siembras que ahora están brotando (sembradas en octubre y noviembre o tardías de enero y febrero) y que serán la base de nuestra alimentación el año que viene. Esto no solamente causará pérdidas económicas importantes a una gran parte del sector agrícola, sino que puede desproveer de materias primas alimentarias al mundo urbano, sin capacidad económica para la importación de productos.
Asimismo consideran que el descontrol de la fauna puede incidir en el ser humano “al entrañar un riesgo potencial para el ser humano, ya sea a través del consumo de carne portadora de alguna zoonosis como por contagio directo. Algo preocupante en lo que afecta al jabalí y al conejo en determinadas zonas, aunque es extensible a otros ungulados silvestres como el venado, el gamo, el corzo, el macho montés, el rebeco, el sarrio, el lobo y un lago etcétera”. Añaden que “hay un riesgo real y cuantificable de accidentes de vehículos por colisión con especies animales silvestres, accidentes que pueden terminar en muerte y/o daños físicos graves de los ocupantes de los vehículos implicados”.
Destacan que "la actividad cinegética no es un deporte ni una actividad lúdica, como muchos grupos políticos afines a lobbies animalistas se empeña en “vender”, y, sólo cuando es necesario y así lo aconsejan los censos poblacionales y los planes técnicos de caza, utiliza la caza para realizar las extracciones necesarias para mantener un correcto control y equilibrio poblacional”. Sostienen que la prohibición de la caza “está causando un grave daño ecológico”.
Lobo descontrolado
Ciñéndose, entre otras especies al lobolobo, señalan que sus poblaciones se están descontroladas, siendo sus números reales muy superiores a los oficiales, con el riesgo que ello conlleva a la sostenibilidad e incluso existencia de las especies que son base de su alimentación, pudiendo generarse incluso ataques al ser humano en determinadas áreas rurales; los hábitos y costumbres de algunos animales están variando y esto también traerá graves consecuencia”. Aseguran en su escrito que “el problema es que desde las propias administraciones territoriales se están falseando los censos para estar a buenas con los grupos animalistas”.
Anatura y Caza en Abierto resaltan, además, que la suspensión de la caza” está generando cuantiosas pérdidas económicas a estos ya abandonados pueblos y núcleos rurales por cuanto que es “una fuente importante de ingresos de los pueblos de España el arriendo de derechos de caza para este control poblacional por parte de terceros (los gestores cinegéticos, arrendatarios y/o cazadores)”.
Apuntan, además, que “cuando en el monte desaparecen sus custodios naturales, los cazadores, aparecen los furtivos, personas sin escrúpulos que matan y asesinan sin control ni responsabilidad alguna a animales. Y esto no se puede consentir”.
