La Alianza UPA-COAG calificó de "fracaso" las políticas frente a la despoblación en España y, concretamente, en Castilla y León, en un año marcado por la negociación de una PAC cuya aplicación entrará en vigor "en uno o dos años, fuera de tiempo", con un recorte de presupuesto "lineal". En todo caso, el coordinador regional de COAG, Aurelio Pérez, recordó que desde la organización se ha trabajado en la búsqueda de un "acuerdo común" de comunidades autónomas para que la propia despoblación "tenga eco en la nueva PAC en Bruselas".
En el habitual balance elaborado por la Alianza al término de cada año, la opa lamentó que "no se esté caminando en defensa del modelo social agrario y familiar" que defiende, y que "no favorece las políticas de población". En este sentido, Pérez comentó que la organización ha reclamado a la Junta "sentido y responsabilidad" en sus políticas y que impulse actuaciones a favor de los "verdaderos profesionales del sector, que tienen como actividad la agricultura y ganadería".
A su juicio, "nada se ha avanzado" en materias claves como la mejora de explotaciones, la incorporación de jóvenes, la modernización y nuevos regadíos, el impulso de los seguros agrarios, la inversión en obras hidráulicas, y en definitiva, en defender un modelo social agrario priorizando a los agricultores y ganaderos, y por lo tanto a las personas".
La Alianza también desmitificó que el año 2018 se caracterice por haber registrado una "cosecha histórica", como "lo vendió la Junta". "Ha sido buena, sin más, pero lejos de los que se preveía", espetó Pérez, quien ensalzó la producción en pastos y forrajes y lamentó los resultados obtenidos en las ramas agrarias, "muy irregular" en peso específico en función de las zonas de la Comunidad". En todo caso, aclaró que todos ellos se han visto perjudicados por el "hándicap" de los bajos precios. Por ello, reclamó la puesta en marcha de una normativa "legal" que garantice precios mínimos, por encima de costes, y que "logre un mejor reparto de la cadena de valor". León, el norte de Palencia y Burgos fueron las más dañadas por el pedrisco, y la provincia leonesa, por la climatología en general.
También habló de que el sector ganadero de leche, "un año más, ha sufrido una durísima crisis de precios motivada por la actitud de una industria que se niega a negociar contratos justos", motivo que ha llevado al sector a las calles en numerosas movilizaciones.
A juicio de la Alianza, según recordaron Pérez y el secretario general de UPA Castilla y León, Aurelio González, 2018 ha sido un año "donde se ha intensificado el daño provocado por la fauna salvaje, tanto al sector ganadero como agrícola". Los datos que maneja la organización "confirman" que los ataques de lobos se han disparado un 68 por ciento en el primer semestre, lo que demuestra la expansión "descontrolada" de la especie, a la que se suman los daños de jabalís, buitres, ciervos, corzos y otras especies que crecen en población.
"La situación actual no solo es problemática para los ganaderos, como pone en duda alguna de las sentencias judiciales, sino que resulta límite en muchas zonas de la región", advirtió Pérez, quien criticó que la defensa de los grupos ecologistas es "una auténtica temeridad, pues además de acrecentar aún más el problema del despoblamiento, supone peligros constantes para la población que habita en el medio rural".
En todo caso, la Alianza UPA-COAG vio resuelta una de las reivindicaciones históricas: la compensación que han percibido directamente cada uno de los 199 ganaderos de Castilla y León que sufrieron ataques de lobos entre el fin del periodo de responsabilidad patrimonial, 7 de octubre de 2015, y el inicio del periodo de la compensación directa de daños, 30 de mayo de 2016.
Igualmente, ambos mandatarios recordaron que la organización se posicionó contra las macrogranjas ganaderas, como la de Noviercas (Soria), que "ponen en peligro a las explotaciones familiares, las más importantes para el tejido económico y social del medio rural, y generan problemas sin garantizar calidad, economía, biodiversidad y valor al producto". También criticaron la problemática de las restricciones en la aplicación de purines y los "pocos avances" en el año que termina en inversiones "urgentes" en infraestructuras hidráulicas que necesita Castilla y León.
Aurelio Pérez dejó para el final un tema no menos importante: la caída de activos en el sector agrario, que en los últimos cinco años, desde 2013, ha disminuido un cinco por ciento, con 2.115 personas (hasta totalizar 41.941), lo que significa más de una desaparición diaria. La pérdida se ha notado en las nueve provincias. Entre tanto, la caída anual es de 347 activos, un 0,1 por ciento, con 265.881 personas.
La principal pérdida porcentual se produjo en León, con casi un 10 por ciento, así como en Zamora, con un ocho. Algunas provincias han visto desaparecer más activos que todo el territorio nacional. De hecho, tal y argumentó Pérez, algunas comunidades autónomas "han incrementado su cifra para que la media nacional sea la que es". "Supone para nosotros una preocupación tremenda", sentenció.
También choca con el incremento en la Comunidad de casi 5.000 trabajadores por cuenta ajena en el sector agroganadero. "Es un cambio de modelo, que puede ser bueno, pero debe respaldarse con políticas agrarias que favorezcan la actividad agraria para revertir la situación y, sobre todo, ganarse el respeto en las cadenas de valor, porque el sector siempre ha estado ahí, cuando ha habido crisis también, y es necesario tenerlo en cuenta, pero de verdad", criticó.
Al respecto, Aurelio González criticó a la Consejería de Agricultura "por ponerse de perfil" ante esta "problema" y retirar incluso la única ayuda que existía en este sentido, para explotaciones ubicadas en zonas despobladas. También cargó contra la de Fomento y Medio Ambiente, "que ha favorecido la proliferación de masas forestales, reduciendo agricultura, y conllevando más fauna salvaje, que necesita un control más serio". "Sin agricultores será más difícil mantener los pueblos", concluyó.
