El Obispado de Astorga deberá notificar al Servicio de Protección de Menores y al Ministerio Fiscal los supuestos casos de abusos sexuales de los que tenga conocimiento para que los servicios especializados y la Justicia valoren, verifiquen o confirmen la existencia de ese delito. Así se recoge en el "Protocolo de prevención y actuación frente a abusos sexuales a menores" aprobado por el Obispado de Astorga por un periodo de cinco años, "ad experimentum" , y abierto a la incorporación de nueva legislación normativa jurídica civil y eclesiástica.
Especifica el documento que "la responsabilidad de valorar, verificar o confirmar el abuso no corresponde al comunicante, sino a los servicios especializados. Nuestra obligación como diócesis es notificar los indicios detectados y la comunicación que se nos ha transmitido. No es necesario tener la certeza de que el menor está siendo abusado".
Es una de las aportaciones fundamentales del protocolo aprobado por el obispo Juan Antonio Menéndez el 28 de diciembre de 2017 con el objetivo de "cuidar y proteger a los más pequeños e indefensos, ejerciendo un cuidado vigilante en la protección de los niños y de los adultos vulnerables". Un documento que a diferencia del rige en la Conferencia Episcopal Española (CEE) hace una referencia explícita la necesaria notificación de los hechos al Fiscal para posibilitar la intervención y una obligación legal.
Salpicado por dos casos, verificados, de abusos sexuales por parte de un pastor de la diócesis, el ex párroco de Tábara, José Manuel Ramos Gordón, cuando era educador en el colegio Juan XXIII de Puebla de Sanabria y posteriormente en el Seminario Menor de La Bañeza, y con otro proceso abierto contra otro sacerdote, el obispo de Astorga ha tomado la delantera en la elaboración de un protocolo interno propio, del que han tomado ejemplo otras diócesis como la de Burgos.
También servirá de base para la comisión de trabajo sobre la actuación en delitos a menores que acaba de constituir la Conferencia Episcopal con Juan Antonio Menéndez como presidente. Uno de sus cometidos será actualizar los protocolos de actuación de la Iglesia española, que están sirviendo hasta ahora, para tratar los casos de abusos a menores desde el punto de vista jurídico y canónico y que no responden en muchos casos a la nueva realidad.
El documento, que tienen en su poder todos los párrocos de la diócesis de Astorga, así como profesores catequistas o colaboradores en la pastoral, se aprueba "en sintonía con la voluntad expresada por el papa Francisco, la normativa establecida en el Código de Derecho Canónico, en otros documentos pontificios, y con lo indicado por la Congregación para la Doctrina de la Fe en relación a la recepción y actuación en las diócesis ante denuncias por casos de abuso sexual a menores".
Al margen de los compromisos sobre prevención y detección de estos delitos de pederastia, la Diócesis de Astorga se dota de un protocolo interno propio que dé una "respuesta adecuada" al problema, proporcionando una "guía sencilla y clara" a los párrocos y personas que trabajan en el ámbito educativo y en la pastoral ordinaria de la diócesis.
El documento, que no contempla medidas de reparación económica con las víctimas, se propone "prevenir situaciones de conflicto" y actuar adecuadamente frente a una revelación o fundada sospecha de abuso sexual, interviniendo "sin dilación" y sabiendo lo que hay que hacer con la víctima y el presunto abusador.
El protocolo dedica un apartado titulado "¿A qué llamamos abuso sexual infantil?", situando a la víctima como menor de 18 años, y el agresor, tanto un adulto como jóvenes que dentro de las actividades pastorales se encarguen de niños más pequeños. El documento precisa que "siempre es posible que los agresores se sirvan no sólo de la cercanía, sino de la amistad o de la admiración que les profesa un niño o adolescente para conseguir su objetivo de abuso impune".
