El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, presenta ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes el contenido del proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2021, un documento elaborado para dar respuesta a las necesidades planteadas por el impacto sanitario, económico y social provocado por la crisis del coronavirus. Se trata del presupuesto más elevado en la historia de la comunidad, alcanzando los 12.291 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 13,19 % con respecto a 2018, y que permitirán mitigar los efectos de la actual pandemia dotando de más recursos los servicios públicos, especialmente los sanitarios, los educativos y los sociales; reducir el impacto económico de la crisis a través de apoyos financieros a la actividad productiva, y con políticas y programas que mejoren la empleabilidad, garantizando la igualdad de oportunidades a los diferentes colectivos; proteger a las personas y colectivos con mayores dificultades; garantizar el correcto funcionamiento de los servicios públicos, con especial referencia a la educación y el transporte; y cumplir el Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en Castilla y León, firmado por la mayoría de los grupos parlamentarios el pasado mes de junio.

Fernández Carriedo ha destacado que los presupuestos de la Comunidad para el próximo ejercicio son "realistas, inversores, integradores, eminentemente sociales, dinamizadores de la economía regional, transformadores y comprometidos con el medio rural". Asimismo ha señalado que se trata de unas cuentas "prudentes y responsables, que fomentan la participación y que reflejan el compromiso de la Administración Autonómica con los desafíos que plantea la economía verde y la digitalización de la sociedad".

A ello se suma que se trata de un presupuesto "netamente inversor, donde las operaciones de capital crecen en un 17,85 %, más intensamente que las operaciones corrientes". Además, se ofrece "un indudable apoyo a los sectores productivos y al empleo, incluyendo 155 millones en ayudas directas y financieras; y se apoya a las corporaciones locales con 346 millones a través del Plan de Cooperación Local". Las cuentas ofrecen "apoyo a los sectores productivos y al empleo, incluyendo 155 millones en ayudas directas y financieras; no suben los impuestos a las familias, pymes y autónomos, con carácter general congelan las tasas e incluyen nuevos beneficios dirigidos al medio rural; y reducen el importe de los gastos financieros, al minorarse en 40 millones de euros los gastos e intereses derivados de las emisiones de deuda pública".

En este contexto, la Junta se plantea conseguir un triple objetivo: acabar el ejercicio con menos recesión, menos tasa de paro y menos nivel de deuda que el conjunto de España. Por ello el reto es conseguir que el impacto de la recesión sea menor, para abordar la recuperación en las mejores condiciones posibles.

Previsiones coherentes con la situación económica y social

Las previsiones de ingresos, ajustadas a la realidad actual, revelan que los ingresos por operaciones no financieras representan el 84,08 % del Presupuesto total y ascienden a 10.335,26 millones de euros, con un aumento del 10,55 %. Por su parte, los ingresos por operaciones financieras se estiman en 1.956,19 millones de euros, y aumentan su peso en el Presupuesto total, al que aportan el 15,92 %, incrementándose un 29,52 % respecto al Presupuesto anterior.

Así, las previsiones por Impuestos Directos se estiman en 2.338,35 millones de euros, un 12,77 % más respecto a 2018: se prevén obtener 2.080,31 millones de euros, con un incremento del 14,90 % respecto al 2018, con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; los ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se estiman en 200,04 millones de euros; y la recaudación prevista por el Impuesto de Patrimonio y por el Impuesto sobre Depósitos en Entidades de Crédito se estima en 34,5 y 23,5 millones de euros, respectivamente.

El importe de la recaudación de los Impuestos Indirectos es de 3.462,56 millones de euros: el Impuesto sobre el Valor Añadido prácticamente mantiene su aportación con 2.050,8 millones de euros; la recaudación derivada del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados se estima en 250,5 millones de euros; los ingresos provenientes de la recaudación por impuestos especiales sobre consumos específicos se estiman en 995,6 millones de euros y en 74 millones los provenientes del Impuesto sobre actividades del juego. Respecto a los impuestos propios que gravan la eliminación de residuos en vertederos y sobre la afección medioambiental de determinadas instalaciones, se calcula que los ingresos asciendan a 69,6 millones de euros.

En el resto de capítulos, se prevé una recaudación estimada de 232,53 millones de euros en Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos; las transferencias corrientes se elevan a 3.711,59 millones, con un aumento significativo del 23,72 % al incorporar la transferencia para cubrir parte del objetivo de déficit establecido para 2021, por importe de 633,78 millones de euros; 27,44 millones de euros en ingresos patrimoniales; mientras que la previsión por enajenación de Inversiones Reales alcanza la cifra de 50,60 millones.

Asimismo, las Transferencias de Capital prevén 512,2 millones de euros, incrementándose un 7,82 % fundamentalmente por los recursos procedentes del Feader y el Feder, por los recursos para formación ocupacional y políticas de empleo, y para diversificación de la economía minera y de acciones de mejora de la eficiencia energética; y en las operaciones financieras se refleja una previsión de 39,55 millones de euros, mientras que los pasivos financieros aumentan significativamente hasta 1.916,64 millones de euros.

Tras exponer estas cifras, el consejero de Economía y Hacienda ha destacado cuatro aspectos concretos con incidencia en el montante global de ingresos: el déficit, el sistema de financiación autonómica, las decisiones de política tributaria y los fondos europeos de nueva generación.

Carriedo, en las Cortes Ical

Así, ha recordado que el Gobierno de España aprobó la suspensión de las reglas fiscales para 2021, tras dejar la Comisión Europea en suspenso la senda de consolidación fiscal, no existiendo por ello objetivos de estabilidad para el próximo año. No obstante, el propio Gobierno ha planteado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 5 de octubre establecer una tasa de referencia del déficit de las comunidades autónomas en el 1,1 % del PIB regional, a la que acude Castilla y León. Una tasa de referencia del déficit que coincide con la estimada por la AIREF.

A ello se suma que, en relación con el sistema de financiación autonómica, se constata una reducción de los ingresos a cuenta del modelo respecto a las cantidades de 2020, una disminución que en el caso de Castilla y León supone 169,4 millones de euros menos. Por ello, el consejero ha valorado que se hace más necesario si cabe una reforma del sistema de financiación autonómica.

Con respecto a los ingresos procedentes de los impuestos, ha insistido en que en este momento es más que nunca necesario no subir impuestos, así como congelar tasas y establecer novedades impositivas que beneficiarán al mundo rural.

En cuanto a los Fondos de Nueva Generación de la UE, Fernández Carriedo ha recordado en su intervención que no han sido incluidos en los Presupuestos, ya que el Gobierno de España no ha comunicado la cantidad que corresponde a cada Comunidad, ni cuál será su distribución temporal ni su destino concreto.

Carriedo, en las Cortes. Ical

Servicios públicos, recuperación económica y corporaciones locales

Fernández Carriedo ha insistido en que los presupuestos para el próximo ejercicio reflejan tres prioridades básicas para el Gobierno de la Comunidad. Por una parte, el hecho de que a las tres consejerías encargadas de prestar los grandes servicios públicos -Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades- les corresponderá la gestión de 7.806 millones de euros, reforzando las inversiones en los centros y edificaciones asistenciales, sanitarias y educativas. Así, las consejerías sociales van a disponer del 80 % del gasto no financiero del Presupuesto y entre las tres absorben el 90,08 % de los gastos de funcionamiento de la Comunidad.

En segundo lugar, el Presupuesto para 2021 apoya a los sectores productivos y al empleo. De esta manera se incluyen incentivos a las empresas por importe de 123 millones de euros en ayudas directas y 32 millones en ayudas financieras, a lo que se añade la previsión de avales por 1.150 millones de euros. Asimismo se recoge un importante apoyo a las actividades de Ciencia y Tecnología, con una cuantía de 296 millones de euros.

Por último, en relación con el apoyo a las corporaciones locales, el consejero ha explicado que los Presupuestos recogen 346,29 millones de euros -un aumento del 20,17 %- para la ejecución del Plan de Cooperación Local. Con respecto a la cooperación económica local general, gestionada por la Consejería de la Presidencia, se incrementa de forma notable al incluir los recursos para ayuntamientos y diputaciones, que aseguran el cumplimiento del Pacto para la Recuperación Económica.

Deuda pública. Una Comunidad solvente que ahorra en intereses

En el proyecto de Presupuestos para 2021, los créditos de la deuda pública se cifran en 1.423,38 millones de euros, lo que supone un incremento global del 2,29 % con respecto al último Presupuesto aprobado. De esta forma, se registra un ahorro de 40 millones de euros en el pago de intereses, con respecto al Presupuesto anterior.

Así, la partida destinada a gastos financieros se reduce hasta los 239,2 millones de euros, a pesar del aumento del volumen de endeudamiento que se registrará en 2021. Fernández Carriedo explicó que para realizar este cálculo se ha considerado que durante 2021 se mantendrá el entorno actual de tipos de interés, motivado fundamentalmente por medidas de política monetaria expansiva del Banco Central Europeo y se ha previsto que la Comunidad cubrirá sus necesidades de financiación acudiendo a los mercados de capitales gracias a su capacidad de acceso a los mismos dada su buena calificación crediticia.

Por otro lado, el importe de los pasivos financieros, destinado a abonar las cuotas de amortización previstas en el ejercicio 2021, asciende a 1.184,15 millones de euros. La mayor parte se refiere a devoluciones de préstamos a largo plazo, en concreto 784,15 millones de euros, mientras que 400 millones se corresponden con la devolución de una emisión pública de deuda realizada en 2016.