El delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, ha reconocido ayer unos datos “no muy diferentes” a los de años anteriores en lo que al movimiento ocupa se refiere. Aludió a “una menor incidencia” que el año anterior. “No es un fenómeno con una incidencia relevante en comparación con otros años”, declaró, quien apeló a abordar estos casos “con todos los instrumentos legales”.
Izquierdo explicó que hay “distintas maneras” de abordar estos casos y que en aquellas situaciones en las que se trata de personas titulares de primeras o segundas residencias se actúa a través de las fuerzas y seguridad del Estado.
El año pasado se produjeron 94 ocupaciones en Castilla y León entre enero y junio, frente a las 84 de este año en el mismo periodo.
