La Red de Protección a las familias afectadas por la crisis llegará a 8.000 personas más con las medidas normativas de compatibilidad entre prestaciones laborales y sociales, como la renta garantizada de ciudadanía, y con la flexibilización de las exigencias en el cómputo de patrimonio para acceder a las mismas, además se reduce de tres a un mes el plazo para el cobro del subsidio una vez presentada la solicitud.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, detalló el contenido del Decreto-Ley de medidas extraordinarias, aprobado ayer por el Consejo de Gobierno, con las que se potencia la Red de Protección a las Familias conforme a lo acordado en el seno del Diálogo Social y a las recomendaciones del Procurador del Común, lo que supondrá 14 millones de euros más sobre lo presupuestado.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Alicia García explicó que las medidas extraordinarias, en vigor desde hoy, aunque el Decreto-Ley deberá ser convalidado por las Cortes, afectan a las prestaciones de la Red dirigidas a atender necesidades básicas de subsistencia como la renta garantizada de ciudadanía, la prestación económica para necesidades básicas en situaciones de urgencia social o la relativa para hacer frente a situaciones de deuda hipotecaria. La nueva normativa, que se desarrollará como proyecto de ley más adelante, establece los supuestos de compatibilidad entre prestaciones de trabajadores en paro, como el subsidio por desempleo, Programa de Renta Activa de Inserción (RAI), Programa de activación para el Empleo (PAE), Programa Personal de Integración y Empleo (PIE) o Programa de Recualificación Profesional (PREPARA) con la renta de ciudadanía.
García explicó que si un perceptor de una de esas prestaciones laborales no llega a los 426 euros de la renta de ciudadanía o a lo que le correspondería en función de su capacidad económica se complementa con esa ayuda social, como planteó el Procurador del Común y los agentes del Diálogo Social.
