El Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León propondrá mediante una Proposición No de Ley reformar el Estatuto de Autonomía, el reglamento del Parlamento autonómico y la Ley Electoral de la comunidad e instará a la Junta y al Gobierno central a tomar diversas medidas para "avanzar" en regeneración democrática, austeridad y la lucha contra la corrupción.

Así lo anunció ayer el portavoz del Grupo, Carlos Fernández Carriedo, quien concretó que entre las medidas que se proponen están limitar el mandato de la Presidencia de la Junta y de las Cortes, así como el de los procuradores y su aforamiento o la dedicación exclusiva, limitar las consejerías del Gobierno autonómico.

Fernández Carriedo explicó que esta PNL, que estará lista para su debate en el próximo pleno, plantea diversas iniciativas y responde a los planteamientos del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera sobre la necesidad de avanzar hacia la regeneración democrática, la austeridad y la lucha contra la corrupción.

Lo primero que se propone es que los grupos parlamentarios estudien una futura reforma estatutaria con nueve aspectos como la reducción del número de procuradores en las Cortes, con el mantenimiento de un adecuado grado de representatividad; limitar las consejerías de la Junta a un máximo de nueve; y una regulación específica que fortalezca el papel de las corporaciones locales.

Asimismo, propone limitar los mandatos de los presidentes de la Junta y de las Cortes así como de los procuradores, a los que se limitaría su aforamiento; establecer un mínimo de gasto social en la comunidad; y elevar a rango estatutario la previsión de una red de protección a las personas y familias más vulnerables.

Finalmente, se trataría de incorporar al Estatuto el derecho de los ciudadanos a la participación, al buen gobierno y al acceso a la información.

Por otro lado, en la PNL se propone también que los grupos estudien impulsar una propuesta de modificación del Reglamento de las Cortes, con diez aspectos, el primero para adecuarse a las previsiones recogidas por el Estatuto tras la reforma de 2007.

Carriedo afirmó que se propone reducir el número de procuradores con dedicación exclusiva (actualmente el máximo es 20 de 84), a pesar de que las Cortes es de los parlamentos más austeros.

Por otra parte, se propone regular el ejercicio del derecho de acceso a la información ante las Cortes; fortalecer el papel de los procuradores en los grandes debates, con turnos de palabra abiertos a título individual; ampliar el calendario parlamentario a enero y julio; crear una comisión de peticiones y participación ciudadana; y simplificar y racionalizar los procedimientos para el ejercicio de las funciones de control de la Junta por las Cortes.

También la propuesta incluye crear una "Oficina del Ciudadano" en cada uno de los grupos parlamentarios sin que suponga un incremento de las asignaciones y adoptar medidas para que todas las sesiones del pleno y las comisiones que no hubieran sido declaradas secretas con arreglo a las previsiones del reglamento puedan ser seguidas a través de emisiones abiertas y en directo por Internet. Por último, se aboga por establecer la obligación para todos los procuradores de formular ante notario, al inicio y al final de su mandato, declaración de la situación patrimonial y la regulación de su publicidad, además de continuar con la presentación anual de copia de las declaraciones de IRPF y de Patrimonio, si procede.

El tercer punto de la PNL se dirige a la Junta, a la que se insta a adoptar medidas con respecto a la participación ciudadana en el diseño y seguimiento de las políticas públicas.