La propiedad del edificio conocido como Casa Morán, en la avenida del mismo nombre, ha consumado el proyecto de derribo y de conservación de la estructura cinco años después del incendio que destruyó el inmueble.
Hasta la primavera, según recogen los informes urbanísticos y jurídicos municipales, el propietario había desoído las órdenes de ejecución del proyecto de derribo que había presentado y para el que había obtenido licencia dos años antes.
También había rehusado hasta ese momento el pago de las tasas por la ocupación de la vía pública derivadas de las medidas de seguridad (vallado) que tuvo que desplegar el Ayuntamiento con carácter subsidiario en toda la longitud del inmueble y del solar colindante con la acera y la calzada por razones de seguridad. Este espacio ha permanecido vallado desde junio de 2017 hasta hace apenas unos meses.
En el primer trimestre de este año la Tesorería municipal emprendió las acciones de apremio por el impago de estas tasas tras un acuerdo de aprobación del Pleno que desestimaba un recurso en contra del propietario.
El apremio hubiera terminado en acciones ejecutivas si la propiedad no hubiera materializado el pago, que ascendió a 15. 186 euros, incluyendo un recargo de 2.500 euros y otras pequeñas cantidades por intereses y costas.
Recurso de Ciudadanos
Poco después, la propiedad inició los trabajos contemplados en el proyecto de derribo y acondicionamiento del inmueble, tal y como establece la Ley de Urbanismo de Castilla y León.
Tras el pago de las tasas, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Benavente, Jesús María Saldaña, presentó un recurso en defensa de la propiedad reclamando la nulidad del acuerdo plenario porque, entre otros motivos alegados, no se había aportado la documentación necesaria, entre ella el recurso de reposición presentado por el propietario que fue desestimado.
El portavoz de Ciudadanos, que en su recurso cuestiona los informes técnicos, plantea que “se ha cometido abuso de derecho en la aplicación de la Ordenanza Municipal de la tasa por ocupación de terrenos de uso público (...) y no se ha ajustado la elaboración y aprobación del Acuerdo Plenario recurrido a los trámites establecidos, tanto en la puesta a disposición de los concejales de todos los documentos del expediente, previa a la celebración de la preceptiva Comisión Informativa de Hacienda, como en la convocatoria del Pleno, ya que no se ha completado el envío de un documento esencial para tomar razón y formar nuestra opinión”.
Inacción del propietario
El recurso ha sido rechazado en base a dos informes, uno jurídico y otro de tesorería. Así, el informe urbanístico indica que el vallado perimetral instalado por el Ayuntamiento se acometió por razones de urgencia acreditada, y pretendía garantizar la seguridad de personas y bienes en la zona cercana al inmueble siniestrado, y señala que “es constatable, que la propiedad del inmueble ha incumplido el deber de conservación que atañe a los propietarios de terrenos y bienes inmuebles”.
El informe de Tesorería es tajante: “El interesado no cumplió con sus deberes urbanísticos para conservar el inmueble en un estado que no supusiese peligro para los ciudadanos” y por este “incumplimiento de conservación se produjo un incendio”.
Señala el tesorero que el propietario tenía la obligación de pedir licencia para ocupar el dominio público que evitará daños y peligros a terceros, lo que tuvo que hacer el Ayuntamiento subsidiariamente por inacción de la propiedad.
Concluye que la ocupación afectó y benefició al propietario en detrimento del interés general y considera incontrovertible su obligación de pagar las tasas.
