Varios municipios del valle de Vidriales han manifestado su rechazo al programa de vigilancia sanitaria del agua de consumo humano que la Junta de Castilla y León pretende poner en vigor a partir del próximo mes de septiembre.
Ayuntamientos como el de Santibáñez y Villageriz han mostrado su disconformidad con el protocolo de aplicación que conlleva unos costos económicos a repercutir en los recibos del agua domiciliaria.
El caso es que el programa de vigilancia sanitaria sobre el agua de consumo tendría que haber entrado en vigor el pasado 1 de marzo, aunque una moratoria ha provocado su inicio a partir del mes de septiembre. Hasta hace más de dos años los servicios farmacéuticos venían realizando los análisis pasando este cometido a los Ayuntamientos aunque desde entonces cada uno ha venido clorando las aguas como siempre y ello, en la mayoría de los casos, sin realizar los análisis que los propios Ayuntamientos tendrían que aportar las muestras a laboratorios con los gastos que ello ocasiona.
En base a la atribución de competencias municipales, los Ayuntamientos son los encargados de ese control sin contar hasta ahora con una normativa al respecto. Por parte de la Junta se ha establecido un protocolo que lógicamente han de cumplir todos los municipios, pero es el caso que no se ha contemplado los elevados costos económicos que ello ocasiona ya que dicho protocolo de actuación implica controles rotativos, así como en los casos específicos para determinadas industrias o actividades específicas como edificios públicos, industrias, etc. Otro tanto se ha de hacer con particulares.
El caso es que los Ayuntamientos que dispongan de varios puntos de captación y sus correspondientes equipos cloradores por núcleo de población como es el caso de Santibáñez de Vidriales que dispone de ocho localidades con otros tantos equipos tendrá que realizar muestras individualizadas para remitir a un laboratorio.
Los cálculos económicos que ha realizado Santibáñez ascienden a una cuantía anual superior a los 12.000 euros que en todo caso no podrían repercutirse en el recibo domiciliario, precisó ayer el alcalde.
Uno de los laboratorios consultados, según el presupuesto remitido al Ayuntamiento, supondría una cifra de 127,60 euros por localidad a los que habría que sumar los cuatro análisis más, por año, del agua del grifo, que se elevarían en otros 255 euros. Un análisis completo cada cuatro años, otro de los requisitos establecidos en el programa de vigilancia sanitaria del agua, acarrearía la cantidad de 812,20 euros, un total de 203 euros anuales. A ello habría que añadir una cuota mensual de 50 euros o lo que es lo mismo en el caso de Santibáñez, 400 euros al mes que supondrían 4.800 euros anuales.
Esta última sería la cantidad mínima para aplicar el protocolo mínimo en un pueblo pequeño sin industrias. Pero en el caso de Santibáñez se tendrían que aplicar protocolos para industrias cárnicas, queseras y demás que en cada caso exige la Administración Autonómica para el desarrollo de su actividad.
Competencia municipal
Lo que sí está claro es que las nuevas medidas vienen a determinar la suma competencia en la materia por parte de los Ayuntamientos asegurando que éstos suministren el agua en su ámbito territorial con las mayores garantías de potabilidad, tanto si se realiza la gestión del abastecimiento de forma directa como a través de una gestión indirecta.
Puestas así las cosas, desde el mes de septiembre, los Ayuntamientos del valle de Vidriales no adheridos al Plan de abastecimiento comarcal desde el Tera, tendrán que modificar sus ordenanzas fiscales sobre el consumo del agua ya que la aplicación de la normativa vendrá a suponer en cada municipio unos gastos considerables a incrementar a los que ya vienen soportando anualmente que serían mayores de aplicarse en todo su contenido el programa sanitario desde la captación o toma, red de conducciones, depósito, instalaciones, hasta llegar al grifo.
Otro es el caso para las fuentes y surtidores públicos que abundan en algunos de estos pueblos y para las que no existe control sanitario alguno pero que los vecinos vienen suministrándose del agua habitualmente a pesar de la cada vez mayor presencia de nitritos y substancias nocivas en el subsuelo. Los Ayuntamientos vienen haciendo caso omiso de las recomendaciones sanitarias dejando que corra el tiempo, al igual que el agua.
