Denuncian "maniobras" de operadores y lonjas provinciales para bajar el precio del cereal

La Alianza UPA-COAG sospecha sobre maniobras de agentes del sector cerealista y lonjas provinciales que están provocando que los cerealistas de Castilla y León "perciban actualmente precios muy por debajo de sus costes de producción". Por ello, se exige la vigilancia de los operadores cerealistas y a Lonjas Provinciales para que cumplan con la Ley de Cadena Alimentaria, o de lo contrario, "se actúe legalmente contra ellos".

"Urge actuar contra cualquier incumplimiento que marca la Ley de Cadena Alimentaria y también contra los agentes que en el sector cerealista de Castilla y León se enriquecen a costa del sector productor" advierte de forma contudente la Alianza UPA-COAG, a la vez que pide el "control exhaustivo de todas las operaciones que se realicen en los puertos españoles, y pedimos que no se permita la entrada de grano por debajo de los costes de producción que el cereal tiene en nuestro país".

Exigen que a la Dirección General de Cadena Alimentaria de la Consejería de Agricultura "se la dote de presupuesto suficiente y deje de ser una figura decorativa, como hasta ahora, en materia de control de prácticas que se salten la Ley de la Cadena Alimentaria".

La Alianza habla de la "situación insostenible" que sufren los agricultores de cereal de Castilla y León, y por tanto los de Zamora, con precios muy por debajo del coste de producción, por lo que apelan a "actuaciones urgentes y valientes por parte de la AICA y de los organismos competentes en esta materia".

A modo orientativo, el coste de producción de una hectárea de cebada de secano en Castilla y León con rendimientos de 3.000 kilos por hectárea es de 810 euros, y por lo tanto el coste se sitúa en torno a 270 euros la tonelada, que está muy por encima del precio que está percibiendo el agricultor hoy mismo por la cebada, que está en torno a 195 euros la tonelada, "y por lo tanto el cerealista está vendiendo a pérdidas". 

UPA-COAG denuncia un "incumplimiento flagrante de la Ley de Cadena Alimentaria, que debe actuar de inmediato ante todos estos agentes que distorsionan de manera directa o indirecta estas cotizaciones hasta llevarlas a la ruina del primer eslabón de esa cadena, que son los productores".  

La Alianza UPA-COAG pone nombres y apellidos y apunta a los Operadores de Cereales "como responsables directos de la situación actual, marcando precios muy por debajo del coste de producción, y con operaciones en el mercado que dejan en la ruina a los cerealistas, que se ven indefensos a pesar de que la Ley dice muy claramente que el precio se forme de abajo hacia arriba". 

La nueva Ley obliga a que en las operaciones de compraventa se tengan en cuenta los costes del primer eslabón, el de los agricultores. "Ese coste cerealista en origen esta última campaña es de aproximadamente 270 euros la tonelada, y por lo tanto no se está cumpliendo lo que exige la norma. Y el responsable de pagar un precio justo es siempre del comprador, por lo que la protección del eslabón más débil, en este caso del cerealista no se está cumpliendo". 

La Alianza UPA-COAG acusa igualmente a las Lonjas Provinciales "como responsables de marcar unos precios que son la base utilizada por operadores. Por eso, les reclamamos a las Lonjas que marquen precios cumpliendo la Ley o suspendan la cotización cuando los precios estén por debajo de los costes, igual que hicieron dichas lonjas cuando se dio la circunstancia contraria y no dudaron en suspender las cotizaciones con el alto precio de cereal que perjudicaba a los operadores". 

Esta organización quiere llegar al fondo del origen de algunos de los problemas del sector agrícola de la región, y por eso también "demandamos a los organismos de control de nuestro país que supervisen no solo la mercancía que entra en nuestros puertos, sino que obligue además a que el precio de entrada del grano nunca sea inferior a los precios que reciben los agricultores españoles por su cereal, porque lo contrario sería competencia desleal y estaría atentando contra la propia Ley de Cadena Alimentaria".

Igualmente la Alianza UPA-COAG exige a la Junta de Castilla y León que dote del presupuesto necesario a la Dirección General de Cadena Alimentaria de la Consejería de Agricultura para que deje de ser una figura decorativa, como hasta ahora, y de una vez por toda actúe con recursos suficientes para hacer cumplir la Ley con la que se ha dotado a la Cadena Alimentaria, y por lo tanto desde la Junta se controle, vigile y apoye a los agricultores y ganaderos de esta comunidad autónoma.