4.490 agricultores, ganaderos y entidades asociativas agropecuarias están llamados a votar el próximo 12 de febrero en la provincia de Zamora, poco más de 38.000 en Castilla y León, para conocer de forma directa y gracias al medidor infalible de las urnas la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias. Hace cinco años la Alianza Coag-UPA se impuso por goleada en la provincia y Asaja ganó en Castilla y León.
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Los comicios se supone que se convocan para saber quién manda en el campo, aunque parece claro que antes de que se celebren ya sabemos quién, de verdad, tiene agarrada la manija con fuerza: administraciones e instituciones varias y, sobre todo, los parlamentos que hacen las leyes y conducen al sector por donde quieren a cambio de migajas y palmaditas en la espalda, mientras hacen la vista gorda con los sectores de la transformación y la distribución, que, principalmente este último, manejan el cotarro con mano férrea y cabalgan sobre la espuma de las leyes.
Si, de verdad, los sindicatos agrarios mandaran en el campo no seguirían los censos perdiendo activos, que Zamora se ha dejado por el camino 337 electores desde las pasadas elecciones y 853 explotaciones agropecuarias desde hace diez años; no estarían sectores como el ovino, tan vital para el futuro de la provincia, al borde del precipicio; habría relevo generacional y colas de jóvenes para hacerse agricultores y ganaderos; no estarían los pueblos dando las boqueadas como están ni las cámaras agrarias (ahora juntas agropecuarias), tan desabastecidas y repletas de telarañas.
El campo está manipulado y controlado por quienes nunca han pisado una tierra de labor, por quienes quieren maniatar con normas supuestamente proteccionistas un sector que necesita libertad para crecer y no exigencias permanentes, que encima hay que testificar como cumplidas en una diario digital que es vergüenza y un atentado contra el libre albedrío.
No tienen poder de decisión agricultores y ganaderos, pero si no van a votar todavía los manipularán más. Por eso, acudan a las urnas el 12 de febrero y elijan a sus representantes a quienes deberían poner deberes. Por ejemplo, conseguir que, de una vez por todas, se reconozca, que el campo descontamina, oxigena y mantiene la fauna silvestre y debe cobrar por ello, al margen de ecoesquemas y otras mandangas.