Los 13 años de espera desde la primera reclamación ante el Ayuntamiento de Zamora para que se actuara contra el exceso de ruidos de un pub situado en la Plaza Mayor han terminado en la interposición de una querella contra la institución local por este problema y por un posible delito de prevaricación.
El objetivo de la familia propietaria de un piso situado sobre el establecimiento es que se ataje el exceso de ruidos que viene sufriendo y que se depuren responsabilidades dentro de las concejalías competentes por permitir que continúe la actividad hostelera sin que se haya obligado al aislamiento del local. Su funcionamiento conlleva que los vecinos lleguen a soportar hasta "49 decibelios" en el interior de su casa, cuando el máximo permitido por Ley es de 25, destaca el dueño de la vivienda.
La interposición de la querella y su admisión a trámite por parte del Juzgado parecen haber dado ya sus frutos, puesto que la técnico municipal que efectúa la medición de ruidos se personó en el piso del afectado hace poco más de una semana, un viernes por la mañana, para comprobar el nivel de contaminación acústica.
Ante el Juzgado de Zamora que tramita la causa, tendrán que declarar en enero los concejales de Medio Ambiente y de Obras en el periodo de Gobierno del PP, Feliciano Fernández y Manuel Hernández, explica el abogado de la familia denunciante, ya que durante sus mandatos se mantuvo el expediente sin resolver, situación que se prolonga hasta ahora. Los técnicos municipales que han realizado mediciones también testificarán en esta causa.
La decisión de presentar la querella se tomó porque "no lográbamos nada por vía administrativa", explica el letrado, al objeto ahora es "que la juez tome declaraciones y ver qué ha ocurrido". Los propietarios del pub de la Plaza Mayor "no han actuado como debían ante los requerimientos" del Ayuntamiento y desde la institución "se dejó dormir el asunto", apunta el propietario de la vivienda. En el año 2003 este particular puso en conocimiento del Ayuntamiento el problema de insonorización y, "que en 13 años no se haya tomado ninguna medida", implica que "alguien no está tomando resoluciones" respecto de este asunto que está encallado y sin visos de resolverse hasta ahora.
El Juzgado solicitó que se especificara el nombre de los responsables de los departamentos con competencia en esta materia de ruidos, lo que ha derivado en la citación de Fernández y González en calidad, al parecer, de investigados para que puedan acudir con un abogado y tener más garantías frente a una hipotética acusación en un procedimiento en el que la Fiscalía Provincial está personada.
