Pasados dos años desde que se abrieran las diligencias para esclarecer el crimen de Ricobayo, ocurrido el 13 de septiembre de 2012, la Audiencia Provincial acaba de ordenar la devolución de la causa al Juzgado de Instrucción al detectar la magistrada que presidirá el juicio con jurado que uno de los imputados carece de abogado y no ha formulado ni escrito de defensa ni propuesto pruebas en su favor.

El decreto de nulidad de las actuaciones judiciales afecta solo a uno de los dos integrantes de la familia de Sevilla acusados de encubrimiento por la Fiscalía Provincial y para los que exige tres años de prisión a cada uno, al facilitar una vivienda para ocultarse de la Guardia Civil al más joven de los procesados por el asesinato del vecino del barrio de Las Llamas, de iniciales J.H.M., un zamorano de 53 años. En concreto se trata del imputado en el crimen integrante de la familia de gitanos que vive en esa zona de la ciudad, cuyas iniciales son R.L.S., de 22 años de edad, en prisión preventiva desde el 4 de octubre, al igual que el otro imputado en el homicidio, otro gitano de la Alberca, R.R.J., de 30 años. La Audiencia acaba de decretar para ambos la prórroga de la reclusión hasta que se celebre el juicio.

Por otro lado, para solventar la situación de indefensión del supuesto encubridor, este tendrá que nombrar ahora un abogado y un procurador, momento a partir del cual podrá construir su estrategia de defensa, de la que ha carecido durante todo el procedimiento judicial. La decisión de la magistrada Esther González, que ha impedido que se llegara al juicio y se tuviera que anular el resultado del mismo, permite que el acusado, un joven sevillano, proponga también pruebas para tratar de demostrar su inocencia. El letrado que le represente deberá presentar el escrito de defensa en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 que ha investigado el caso, sin que exista un plazo determinado.

Este incidente en la tramitación de la causa supone la suspensión del juicio con jurado, que la Audiencia tenía previsto para el mes noviembre contra los dos jóvenes, que tendrá que esperar varios meses.

La Fiscalía solicita la imposición de 25 años de cárcel para cada uno de los dos jóvenes como únicos autores del asesinato, acusados de "actuar juntos y de común acuerdo" para propinar una paliza, estrangular y asfixiar a J.H.M. al introducirle tierra en la boca. Se cree que la agresión obedece a una disputa relacionada con las drogas. Los acusados niegan los hechos y sus abogados han solicitado la absolución por falta de pruebas que les relacionen directamente con el crimen.

La decisión de mantener en prisión preventiva a los dos procesados, a R.J.L. y a R.R.J., hasta que se celebre el juicio y exista una sentencia firme, se produce después de que el Ministerio Público aconsejara la medida, dada la gravedad del delito que se les atribuye, y por el que exige una condena de asesinato ante las pruebas existentes, suficientes, a su entender, para considerarles culpables de la violenta muerte del zamorano.

La magistrada no tuvo en cuenta la solicitud de los abogados de la defensa, respecto de la falta de pruebas e indicios suficientes que les sitúen en el escenario del crimen. Los letrados, en la vista celebrada a primeros de mes, aludieron al carácter preventivo de la prisión para quienes aún no han sido juzgados, además de excluir el riesgo de fuga, al tener los dos arraigo familiar en la capital, donde residen desde pequeños.

El cadáver de J.H.M. fue localizado por un pastor que se encontraba con sus ovejas junto al embalse de Ricobayo y avistó una bolsa de plástico blanca flotando en las aguas, que los asesinos usaron para ocultar la cabeza de su víctima antes de arrojarla al agua, maniatada y con un objeto asido a los pies que se soltó. El cuerpo del fallecido flotó por el efecto boya que hizo la bolsa. Los autores del crimen se deshicieron del finado después de protagonizar una brutal agresión con palos o piedras contra el vecino de Las Llamas, apunta el informe elaborado por los forenses tras practicar la autopsia al cadáver, hallado a las pocas horas de que tuviera lugar el homicidio que el fiscal califica como asesinato.