Medio ambiente

España debe reducir un 26% sus emisiones de C02 de aquí a 2030

Europa exige esfuerzo a España para cumplir la meta comunitaria: un 40% menos de emisiones para 2030

20.07.2016 | 21:05
Vista de la ´boina´ de polución sobre Madrid.

La Comisión Europea ha exigido este miércoles a España que reduzca un 26% sus emisiones de C02 respecto a sus niveles de 2005 para 2030 en el marco de la propuesta que ha presentado para repartir el esfuerzo entre los Estados miembro de cara a cumplir la meta colectiva del reducir un 40% las emisiones para 2030.

El Ejecutivo comunitario sólo ha pedido a 12 países un esfuerzo mayor que a España en términos del porcentaje de sus emisiones que les ha exigido recortar entre 2021 y 2030.

Luxemburgo y Suecia son los únicos a los que les ha exigido reducir un 40% sus emisiones. Dinamarca y Finlandia deberán recortarlas un 39%, Alemania un 38% Francia y Reino Unido un 37% cada uno, Países Bajos y Austria deberán recortarlas un 36%, Bélgica un 35%, Italia un 33% e Irlanda un 30%.

Las metas nacionales exigidas, que van desde el 0% exigido a Bulgaria al 40% que se pide a Luxemburgo y Suecia, se han decidido atendiendo a los criterios de "justicia, eficacia desde el punto de vista del coste y la solidaridad" entre países, según el Ejecutivo comunitario.

El comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, ha defendido que el reparto es justo entre países porque se basa en "el Producto Interior Bruto relativo per cápita de cada Estados miembro", algo que garantiza "la justicia" porque los países con mayor ingreso tendrán que reducir más las emisiones, aunque hay un factor de ajuste para no penalizar al grupo de países con un PIB per cápita por encima de la media, al tiempo que ha defendido que la propuesta da también "flexibilidad" a los Estados miembro para cumplir su meta.

La propuesta cubre las emisiones de los sectores no cubiertos por el régimen de comercio de emisiones, es decir, vivienda, transporte, la agricultura y la gestión de residuos, responsables del cerca del 60% de las emisiones totales en la UE en 2014.

Cañete ha explicado que una de las vías de flexibilidad permitirá algunos Estados miembro elegibles -entre los que no está España- cubrir algunas de sus emisiones en estos sectores con permisos de emisiones que normalmente se habrían subastado en el mercado de emisiones. Eso sí, ha dejado claro que habrá un máximo de 100 millones de toneladas de CO2 que se podrán utilizar con permisos entre 2021 y 2030 y los países deberán a notificar a la Comisión al principio si quieren usar esta vía.

La otra vía de flexibilidad propuesta permitirá a los países acreditar hasta 280 millones de toneladas de C02 de ciertas categorías de usos de tierra. Cañete ha explicado que el único criterio válido en este caso será "el peso de las emisiones agrícolas" en los países y ha justificado esta vía de apoyo porque el sector agrícola es el que "más dificultades" tiene para reducir sus emisiones y los países con un sector agrícola "muy intensivo" necesitan "algo de flexibilidad". En este caso, España tendrá una flexibilidad máxima anual del 1,3% respecto a su porcentaje de emisiones en 2005, según consta en la propuesta de la Comisión.

"Esta es una propuesta equilibrada y justa" y tiene en cuenta "las dificultades de cada país"; ha defendido Cañete, que ha asegurado que la propuesta contribuirá al cumplimiento de la meta global europea de reducir un 40% las emisiones de CO2 para 2030 respecto a los niveles de 1990, aunque ha precisado que los sectores cubiertos deben contribuir a una reducción del 30% por su parte.

El Ejecutivo comunitario ha propuesto por primera vez incluir la gestión forestal y el uso de las tierras en los esfuerzos para reducir las emisiones en 2030 por su potencial para capturar carbono y "un equilibrio cuidadoso entre más incentivos para capturar carbono en el suelo y los bosques y la necesidad de mantener la integridad medioambiental". De hecho, los bosques en la UE absorben el 10% de las emisiones anuales en la actualidad.

Cañete ha aclarado que los biocombustibles de primera generación "no deben recibir apoyos públicos después de 2020".

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