editorial

Una solución administrativa ágil y eficaz que palíe los daños por fauna

23.10.2016 | 00:51
Una solución administrativa ágil y eficaz que palíe los daños por fauna

Consecuencia directa de la despoblación y de la reducción de la actividad agrícola y ganadera es que, el monte, a los que los habitantes de los pueblos arrebataron un día parte de su suelo para dedicarlo a tareas para el sostenimiento humano, vuelve a campar a sus anchas en todos los términos de la Zamora rural. Así, un problema secular como es el equilibrio de las relaciones entre la naturaleza y el hombre que habita en los ecosistemas naturales más diversos, se ha ido agravando a lo largo de los últimos años. Los accidentes de carretera a causa de la irrupción de jabalíes y ciervos, sobre todo, se producen prácticamente a diario y no solo en la N-631 que atraviesa la Reserva de la Sierra de la Culebra. Empiezan a ser cada vez más frecuentes los siniestros en otras carreteras nacionales cuyo tráfico ha descendido por la existencia de autovías alternativas, como es la N-525 en la comarca de Sanabria o la N-122 en la cada vez más despoblada comarca de Aliste.

A los daños súbitos y evidentes, por el peligro vital que suponen, de los accidentes de carretera, se suman los que denuncian cada cosecha las organizaciones agrarias, hasta el punto de considerarlos ya como uno de sus principales problemas para la continuidad de las explotaciones, sobre todo en la sierra de la Culebra y sus aledaños. Cansados, aseguran, de no encontrar respuesta en las administraciones, las responsables de la gestión de la fauna, que pertenece a la Junta de Castilla y León, y del estado y conservación de las carreteras, la Administración central, los habitantes de las zonas afectadas hicieron visible ayer su malestar en una concentración en Tábara. Agricultores y ganaderos denuncian que los animales "colonizan" nuevos territorios. Exigen un censo y un control poblacional porque creen desfasada la cifra de 1.500 animales que Medio Ambiente contabiliza en la reserva, ya que la presencia de fauna salvaje es un hecho en pueblos más alejados del corazón de La Culebra y aseguran que el origen del problema se halla en "los intereses económicos de determinados cotos de caza" que no han cumplido ni los cupos cinegéticos ni el control de las hembras de cada especie, así como la dejación por parte de la Junta en sus funciones como gestora de la reserva.

Entre los daños en el campo y los accidentes en la carretera, opinan los manifestantes, la radiografía futura es la que pintan las estadísticas a corto plazo: el abandono progresivo de la Zamora rural. A todo esto, las administraciones señaladas con el dedo procuran echar la pelota al tejado contrario. La Junta, por un lado, reconoce la dificultad de controlar la fauna, pero subraya que cumple con todos los cometidos que le permiten las normativas sobre conservación de la Naturaleza y desvía al Gobierno central el problema de los accidentes en las carreteras. Eso sí, las dos aludidas se ponen de acuerdo para señalar la enorme y obvia dificultad de encontrar soluciones que permitan encontrar un equilibrio sin el cual, todo el territorio está en claro peligro.

Ni lobos, ni jabalíes, ni ciervos, entienden de competencias ni de escasez de presupuestos o recortes de Bruselas, ni siquiera de manifestaciones de afectados, igual que no diferencian cultivos privados de alimentación silvestre o prados y montes de ocasional asfalto. Si nada cambia, seguirán los daños en el campo y, lo peor, los accidentes en la carretera hasta que una desgracia mayúscula haga que todos los que discuten ahora que si galgos o podencos se lleven las manos a la cabeza, cuando ya el daño mayor e irreversible se haya producido. Y es que ni siquiera la ley ofrece protección alguna desde que fuera modificada la norma relativa a tráfico en 2014, produciéndose lo que ha sido calificado por muchos juristas como, nunca mejor dicho, "animalada administrativa", ya que convierten en único responsable de un hecho imprevisible, la irrupción de animales en la calzada, al conductor del vehículo frente a sí mismo y frente a los ocupantes del automóvil siniestrado, salvo que directamente la salida del animal esté relacionada con una acción de caza o si la Administración encargada de la vía, una vez advertida, no haya reparado vallado, si lo hubiera, o la señalización pertinente.

En la práctica, los conductores que a partir de 2014, han sufrido un accidente por fauna, aunque no incumplan ninguna norma de circulación, no reciben ninguna indemnización si resultan heridos o mueren tanto ellos como sus familias. Y además, resultan también responsables de las lesiones o, en su caso, fallecimiento de los ocupantes del vehículo. Así lo prueba el hecho de que este tipo de siniestros ha pasado de constituir el grueso de las reclamaciones al Consejo Consultivo a solo cuatro presentadas durante el último año. Ninguno de ellos obtuvo dictamen positivo a la hora de reclamar indemnización, pero el hecho de que la propia institución haya pedido públicamente que los cotos se hagan responsables de estos sucesos viene a reconocer que se trata de una norma que parece hecha a medida para que las responsabilidades de una situación cada vez más frecuente se diluyan entre ese denunciado peloteo administrativo. La reforma de la ley de tráfico coincidió, además, con una escalada de siniestros, más de 6.000 al año en Castilla y León, comunidad que encabeza tan lamentable ranking. Casi la mitad de los más de mil registrados en Zamora tuvieron como triste protagonista la fauna salvaje durante el último año.

Es obvio que, tanto agricultores como conductores, pero también los animales, son los inocentes en una historia que deriva en una peligrosa espiral. Hace cinco años, el entonces director general de Tráfico anunciaba en una visita a Zamora la adopción de medidas especiales para rebajar estas cifras. Lo mismo se dijo desde la Subdelegación del Gobierno hace solo un año. Pero la manifestación celebrada ayer pone en evidencia que poco a nada se ha llevado a la práctica.

Las asociaciones de conductores como el RACC inciden en que la señalización habitual de las carreteras acaba por perder su función al acostumbrarse a verlas de forma continua quienes van al volante. En otros países que también sufren este tipo de problemas y que se presentan como avanzados tanto en materia de seguridad vial, como en conservación de la naturaleza, Holanda o Alemania, existen dispositivos disuasores para evitar que la fauna invada la calzada y, paralelamente, se establecen pasos para evitar el aislamiento de los hábitats en caso de vallado, la solución entendida por las asociaciones antes mencionadas como la más económica, una vez trazados mapas con los puntos de mayor tránsito animal y elaborados los censos que reclaman las organizaciones agrarias.

Las administraciones deben ponerse a trabajar ya de forma conjunta, puesto que en otros países se han adoptado sistemas con ciertas garantías de éxito. No caben más dilaciones, ni excusas ni mucho menos tirarse la pelota de un tejado a otro. Están en juego la pervivencia del mundo rural en comunión con la naturaleza que lo rodea, pero, sobre todo, la vida de quienes allí viven o lo visitan.

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