Afectados por los impagos del Área de Rehabilitación del Casco Histórico (ARI) de Fermoselle, cuya deuda se cifra en unos 300.000 euros, denunciarán el caso ante la Fiscalía y también ante la Junta de Castilla y León. Lo harán respaldados por concejales del Ayuntamiento y entre los afectados no solo están los vecinos que formalizaron el expediente de mejora de la vivienda, también constructores que llevaron a cabo la restauración y que dos años después no han percibido un duro por su trabajo.
El acuerdo fue adoptado el pasado martes en el salón del Ayuntamiento, en una reunión propuesta por el actual tesorero y edil de Adeiza Miguel Ángel Prieto, que fue aprobada en sesión plenaria por la mayoría de los corporativos.
La determinación de denunciar ante la Fiscalía y ante la Junta será además «asunto tratado en un pleno extraordinario» según expresó ayer Prieto. El hecho de someter la denuncia a la previa aprobación en Pleno obedece a la consideración de que «tendrá más valor si está respaldada por la mayoría de los Corporativos». No se sabe si la misma contará con el apoyo del Equipo de Gobierno, del PP, que actualmente se mantiene en absoluta minoría, con solo tres representantes de los nueve que integran la corporación. El alcalde del municipio, Alejandro Fermoselle, asistió a la reunión pero se desligó de toda responsabilidad por cuanto el problema deviene de la etapa de su anterior mandatario.
El tesorero municipal y edil de Adeiza Miguel Ángel Prieto reitera en el deseo «de saber dónde está el dinero que entró en el Ayuntamiento y que desapareció». Señala que «existe una sensación de presunta estafa o robo porque las partidas presupuestarias tienen un destino y no se pueden cambiar».
Ayer se inició la recogida de firmas de los afectados por el impago para formalizar la denuncia. Incluso se estudia solicitar «una auditoría» para averiguar la gestión de unas aportaciones económicas que no han llegado a más de una treintena de vecinos acogidos al ARI y que cuentan con sus expedientes finalizados.
Asimismo se acordó que el Ayuntamiento destine una partida de 2.000 euros mensuales al pago de esta deuda, a razón de unos 60 euros por vecino.
La deuda del ARI aprobado para Fermoselle destaca, junto con la mantenida con Caja Rural, por la importancia de su cuantía, pero sobre todo por los desconocido del destino del dinero abonado al Ayuntamiento desde el Gobierno Central y la Junta de Castilla y León conforme al acuerdo suscrito, en el año 2007, por responsables del Ministerio de la Vivienda, la Consejería de Fomento y el Ayuntamiento de Fermoselle, presidido entonces por el popular Manuel Luelmo.
El Plan de Rehabilitación de 123 viviendas enclavadas en el epicentro de la villa de Fermoselle importaba un total de 3.745.357 euros, repartidos entre la aportación de 1.002.630 euros del Ministerio de la Vivienda, 553.500 euros de la Junta de Castilla y León, 619.412 euros del Ayuntamiento y un total de 1.569.784 de los particulares acogidos a intervenciones de restauración o rehabilitación. La aportación del Consistorio, que representa el 16,54% de lo evaluado, es para la ejecución de infraestructuras y urbanización, y al equipo técnico.
Tal y como recoge el acuerdo, la comunidad autónoma tiene la competencia «de la supervisión de los proyectos y del desarrollo de las obras, así como la adecuación y cumplimiento de la normativa».
Finalmente fueron unos 65 los expedientes tramitados, a pesar de haber conseguido la Alcaldía que se prolongara el plazo de finalización en un intento de favorecer al mayor número posible de vecinos. Del conjunto de beneficiados, solo una treintena han recibido la subvención correspondiente a la rehabilitación, entre ellos el anterior regidor.
El ARI, que gozó de gran predicamento por su repercusión en la mejora estética de la villa del Parque Natural Arribes del Duero, y que quiere hacer del turismo un motor de progreso y vitalidad, se fue al traste dejando tras de sí un agujero que nunca ha sido esclarecido a pesar de ser uno de los asuntos más candentes y polémicos del ejercicio municipal.
La oposición, mayoritaria en el Ayuntamiento, llevó el 12 de febrero de 2012 el caso a la Fiscalía para que investigara los hechos, pero el fiscal jefe decretó el 4 de julio el archivo de las diligencias de la investigación penal ya que, según razonó, «en todo caso los hechos denunciados tienen su protección en otros ámbitos que no el penal, y no desprenderse la existencia de hechos que pudieran ser constitutivos de delito».
El impago de las subvenciones ha derivado, además, en denuncias de constructores sobre los particulares que les encargaron la ejecución de las obras de rehabilitación.
