El expediente abierto por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta a raíz de una denuncia ante la Guardia Civil sobre la situación de la residencia de ancianos de Fuentesecas se ha resuelto con la imputación de hasta siete infracciones al director del centro, Isidro San José Lorenzo, que también es alcalde de la localidad.
El pliego de cargos, ya comunicado al afectado, incluye dos infracciones muy graves, cuatro graves y una leve, tipificadas en la Ley de Atención y Protección a las Personas Mayores de Castilla y León. Además de mantenerse el cierre cautelar del centro, decretado el pasado 16 de junio después de que personal de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales comprobara la situación precaria en la que se encontraban los anciano, la resolución recoge la serie de infracciones administrativas en materia de atención y protección a las personas mayores.
Isidro San José Lorenzo recibió el pliego de cargos a finales del mes de septiembre después de sucesivos intentos por localizar al afectado, a pesar de su condición de alcalde de Fuentesecas. Los infructuosos intentos de entregarle personalmente la resolución obligaron a publicar anuncios en el Boletín Oficial de Castilla y León comunicando al director de la residencia «el acuerdo de iniciación y pliego de cargos» en el expediente abierto en materia de atención y protección a las personas mayores de Castilla y León. En total se publicaron ocho anuncios para notificar el pliego de cargos del expediente sancionador por cada una de las infracciones y la medida cautelar de cierre del centro, aún vigente.
La propuesta de resolución es consecuencia del acta de inspección en la que se relata la situación de los ancianos, hacinados, faltos de higiene, sin atención por parte de profesionales o faltos de comida, entre otros. Así lo pudieron comprobar los técnicos en su visita a la residencia de Fuentesecas, donde la última inspección se había realizado en 2009; es decir que pasaron dos años sin que desde la Gerencia acudieran a comprobar la situación del centro. De acuerdo con la Ley de Atención y Protección a las Personas Mayores, las infracciones muy graves podrán sancionarse con multa de 3.001 a 300.000 euros; las graves, de 3.100 a 30.000 euros; y las leves, de 300 a 3.000 euros.
