El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tiene previsto suspender las aportaciones, según recoge el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, a los ayuntamientos que presenten la liquidación de los presupuestos fuera de plazo y, en muchos casos, con demora de años. Para ello tiene decidido congelar las entregas a cuenta de los municipios que incumplan con la obligación de remitir a la Administración General del Estado la liquidación de los presupuestos de cada ejercicio.
Según se articula en el citado anteproyecto de Ley, «se procederá a retener a partir del mes de septiembre del ejercicio siguiente al que corresponda aquella liquidación, y hasta que se produzca la citada remisión, el importe de las entregas mensuales a cuenta de la participación en los tributos del Estado que les corresponda».
No obstante, los responsables parecen conscientes de que existen Ayuntamientos donde el ejercicio administrativo resulta una odisea salpicada de imprevistos debido a cuestiones tan forzadas como la inexistencia de secretario durante largos periodos de tiempo, que fuerzan a mantener en suspenso las gestiones, o el hecho de que muchos municipios deban compartir al funcionario, y en consecuencia el horario, por puras razones económicas.
Al respecto, el anteproyecto contempla que «si las entidades locales justifican razonadamente la imposibilidad material de dar cumplimiento a la obligación, podrá decidirse la suspensión de la retención de los fondos, previa solicitud del Ayuntamiento aprobada en Pleno».
El alcalde de Puebla, el socialista José Fernández Blanco, asume completamente el espíritu de la nueva normativa porque, según expresa, «si hay algo que debe ser transparente y meridiano son las cuentas municipales».
Afirma que es un deber municipal «que viene impuesto por Ley y por la propia transparencia, y las cuentas es algo que debe estar hecho al día». Para Fernández Blanco «no debe ser de otra manera, y critica a quienes» presiden los ayuntamientos sin permitir que funcionen las Comisiones de Cuentas e imposibilitando que la oposición se entere de la ejecución de los presupuestos». El alcalde de la villa de Puebla insiste en que «hay que hacer un ejercicio municipal de transparencia».
El alcalde de Alcañices, el popular Tomás Carrión, también asume que las leyes «hay que cumplirlas, y es lógico que tengamos que presentar los presupuestos». Pero este regidor alistano es de los que entiende «que los Ayuntamientos a veces están sometidos a movidas, y a los secretarios no les da tiempo a presentar la liquidación presupuestaria dentro del año». Afirma Carrión que «debería haber un margen porque, en casos, no es posible llevar las gestiones en el día a día».
El alcalde de Fermoselle, el popular Manuel Luelmo, igualmente considera que «las leyes hay que cumplirlas», y es de los que apuesta «por llevar bien las cosas». Luelmo es de los alcaldes que duermen tranquilos porque, según dice, «nosotros somos los que llevamos perfectamente el ritmo».
La liquidación de los presupuestos de las entidades locales zamoranas, a la fecha actual, según consta en el Ministerio de Economía y Hacienda, pone de manifiesto que un total de 175 Ayuntamientos todavía no han presentado la liquidación presupuestaria correspondiente al pasado año 2008.
De los 21 municipios que superan una población de 1.000 habitantes, ocho tienen pendiente aún el presentar la información: Corrales, Moraleja del Vino, Morales de Toro, Santa Cristina de la Polvorosa, Santibáñez de Vidriales, Trabazos, Villalpando y Villaralbo.
Luego son decenas los Ayuntamientos de mayor o menor entidad que engrosan el listado de los pendientes de entregar su liquidación, entre ellos, Almeida de Sayago, Camarzana de Tera, Castrogonzalo, Cobreros, Cubo de la Tierra del Vino, Fonfría, Fuentelapeña, Guarrate, Mahíde, Micereces de Tera, Mombuey, Moral de Sayago, Peleas de Abajo, Peque, Pozoantiguo, Riofrío de Aliste, Roales, Robleda-Cervantes, Santa María de la Vega, San Vitero, Tábara, Trefacio, Torregamones, Villabrázaro, Villamor de los Escuderos y Viñas.
El anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible, en lo tocante a la obligación de las entidades locales, recoge que las cantidades retenidas a los Ayuntamientos que incumplan con la normativa, «podrán permanecer ingresadas en cuentas de acreedores no presupuestarios habilitadas en la Dirección General del Tesoro y Política Financiera».
