El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) ha sido un elemento clave de protección laboral durante los últimos años, sobre todo en los ejercicios más duros de la crisis, que se llevó por delante un gran número de empresas que, tras caer, no pudieron hacer frente a sus obligaciones con sus trabajadores. Y es que esta institución de garantía de los créditos salariales e indeminzaciones ante la insolvencia del empleador, se convirtió durante la última década en una la red de salvación para que los trabajadores recuperaran parte de sus esfuerzo laborales.

Las cifras hablan por si solas y el listado de órdenes de pago del Fogasa entre 2006 y 2015, recogido por Ical, refleja que 105.333 trabajadores de Castilla y León tuvieron que recurrir a este instrumento tras denunciar a sus empresas y lograron salarios e indemnizaciones por 533,6 millones de euros. El número de actividades empresariales insolventes o en concurso contabilizadas durante los diez años de análisis ascendió a 32.778.

Pese a las fuertes críticas por los atascos en el pago de las cuantías, sobre todo en los peores años del marasmo recesivo, y las reformas acometidas sobre este instrumento para garantizar su continuidad, la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale) defiende que es ”fundamental” reforzar el papel del Fogasa en el mercado laboral, tanto en su finalidad básica de garantía de los créditos salariales ante situaciones de insolvencia empresarial como en las “no menos importantes” finalidades complementarias de apoyar o proteger a las empresas que atraviesan situaciones de crisis, “a fin de impulsar su continuidad y, por ende, el mantenimiento del empleo”.