La Junta de Castilla y León concederá ayudas directas de seis millones de euros en dos años para el pago de la hipoteca y del alquiler a familias con todos sus miembros en paro con el objetivo de evitar los desahucios. Además, amplía la Renta Garantizada de Ciudadanía en 21 millones de euros en dos ejercicios de manera que a finales de este año serán 18.000 los beneficiarios y 28.000 en diciembre de 2014.
Estos son dos de los acuerdos firmados ayer en el Consejo del Diálogo Social entre el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, los secretarios generales de CC OO, Ángel Hernández, y de UGT, Agustín Prieto, y el presidente de Cecale, Santiago Aparicio. Así, en términos globales, habrá 47 millones de euros más de apoyo a personas en situación de vulnerabilidad, los 21 de la renta garantizada de ciudadanía, seis de ayudas extraordinarias a la vivienda y diez del Plan Especial de Empleo para la contratación de personas que han agotado las prestaciones.
El presidente de la Junta y los máximos dirigentes de los agentes sociales en la comunidad destacaron que se avanza en los programas sociales y se da una respuesta a las necesidades de las personas que más lo necesitan por la profunda y larga crisis económica. Los cuatro remarcaron que da un paso adelante en la renta de ciudadanía al abrir su acceso a más colectivos y se refuerzan los programas de vivienda para evitar desahucios.
Según explicó Herrera, la Renta Garantizada de Ciudadanía se ampliará en un 30 por ciento en 2013 y en un 65 por ciento en 2014, de manera que a finales de este año habrá 43 millones, diez más, y 18.000 beneficiarios, y en diciembre de 2014 se contará con 53 millones para 28.000 usuarios. De manera que en este periodo se pasará de los 33 millones presupuestados este año a 53.
En el marco del acuerdo adoptado en julio entre la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se refuerzan los colectivos que tendrán acceso a esta prestación, como los residentes extranjeros, las mujeres víctimas de violencia de género, las familias en riesgo de impago de las cuotas hipotecarias y las personas afectadas por preferentes.
Herrera destacó que se intensifican las actuaciones de orientación laboral y formación para el empleo de personas que perciban la ayudas con posibilidades de empleabilidad.
Las ayudas extraordinarias de la vivienda, de carácter finalista, se prevén para atender de manera temporal la cobertura del pago de la hipoteca y para familias en riesgo de desahucios por no poder pagar el arrendamiento de la vivienda.
La gestión se realizará por las entidades locales titulares de los servicios sociales y la cuantía de la ayuda se ajustará a las necesidades de la familia con un límite de 0,5 veces el IPREM (3.195 euros para el año 2013).
Por otro lado, se destinarán diez millones de euros a un plan especial de empleo que se pondrá en marcha con las corporaciones locales y oenegés, destinado a la contratación de personas en exclusión social, en especial perceptores de la renta de ciudadanía con el fin de integrar a más de 2.000 personas en el mundo laboral.
En este programa, tendrán prioridad también las mujeres víctimas de violencia de género, mayores de 50 años y desempleados durante dos años.
El presidente de la Junta recordó que, desde enero de 2011, la renta garantizada de ciudadanía ha atendido a 10.000 familias con un presupuesto que llega a los 91,5 millones en estas tres anualidades. Además, el Ejecutivo ha puesto en marcha ayudas de urgente necesidad, como el Programa Personal de Integración y Empleo (PIE), el Servicio Integral de Apoyo a Familias a las Familias en riesgo de desahucio (1.127 atendidas hasta julio de 2013), la Red de alimentos o el Fondo de Solidaridad.
Ante el «drama social» de la crisis, el presidente de la Junta afirmó que el Consejo del Diálogo Social no puede estar ausente de este tipo de medidas, opinión que secundaron los máximos responsables de los sindicatos y de la patronal autonómica presentes en el acto de firma del acuerdo.
Junta, sindicatos y patronal destacan la utilidad del diálogo social
El presidente Herrera asegura que la región está en la vanguardia en la atención de personas más vulnerables
La Junta de Castilla y León, la patronal Cecale y los sindicatos CCOO y UGT reafirmaron ayer la utilidad del diálogo social porque da respuesta a las personas ante «consecuencias dramáticas de la crisis» y se avanza en la Comunidad Autónoma en derechos subjetivos de los ciudadanos, como en el caso de la ampliación de la renta garantizada de ciudadanía a más perceptores.
Tras la firma de un convenio en el marco del diálogo social, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, valoró que la Comunidad está a la vanguardia no sólo en el diálogo social, sino en las medidas puestas en estos años para atender a las personas con más riesgo de vulnerabilidad por la recesión «profunda y larga».
«Es un acuerdo de envergadura, no es para salir en la foto», defendió el secretario autonómico de UGT, Agustín Prieto, quien afirmó que se avanza en derechos subjetivos de los ciudadanos y en programas para evitar los desahucios.
También el secretario general de CC OO, Castilla y León, Ángel Hernández, calificó de avance que se refuerce la renta de ciudadanía con más presupuesto, más colectivos y se agilice el acceso, y destacó que se deje abierta la posibilidad de aumentar los fondos en función de las necesidades. «CC OO está satisfecha por el paso que se da, pero la firma no solventa las dificultades ciudadanas», advirtió.
Por último, el presidente de Cecale, Santiago Aparicio, respaldó que en el ámbito del diálogo social se tomen medidas a favor de las personas que peor lo están pasando por la crisis económica y destacó que la patronal se suma a esos programas por responsabilidad y solidaridad. De la ampliación de la renta de ciudadanía, destacó el apartado de orientación hacia el empleo de las personas que reciben esa ayuda.
