La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, afirmó ayer que tendrán prioridad en el pago los proveedores que accedan a la quita, ya que la Junta de Castilla y León se acoge al plan de 35.000 millones de euros puesto en marcha por el Gobierno para comunidades y ayuntamientos para abonar las facturas pendientes de estas administraciones.

Del Olmo, en declaraciones tras la toma de posesión en las Cortes de los nuevos miembros del Consejo de Cuentas de Castilla y León, explicó que la Junta se acoge a este plan, en especial para pagar las deudas del gasto sanitario, que superan los 500 millones de euros, y anunció una próxima reunión con proveedores para «ver su disposición a la quita».

Además, animó a los ayuntamientos de la Comunidad a sumarse a ese plan para el pago de la deuda pendiente y no descartó que se conozcan facturas de ejercicios pasados que están pendientes por parte de los consistorios. El pago está previsto en el mismo plan, que ayer presentó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a proveedores de las autonomías y ayuntamientos, a partir de mayo, y la consejera precisó que habrá que habilitar un mecanismo que, en el caso de las comunidades, supondrá una modificación de la Ley de Estabilidad.

Sin aún determinar el volumen al que se acogerá la Junta de Castilla y León, la consejera sí valoró que ésta es la «mejor medida que ha puesto en marcha un Gobierno desde que empezó la crisis», motivo por el que también animó a los consistorios a sumarse a ella para liquidar las facturas que tengan pendientes. «Nos vamos a acoger (por la Junta), creo que los ayuntamientos también se deben acoger», precisó.

Del Olmo explicó que la primera acción de la Junta, a través de este plan, será el pago de las facturas generadas por el gasto sanitario y recordó que las mismas han producido un «desajuste» en las cuentas autonómicas, que no es financiero. Precisamente, la consejera imputó al incremento del gasto sanitario que la Junta se haya desviado en el cumplimiento del objetivo de déficit del 1,3 marcado para 2011 al 2,35 por ciento, según el dato del Gobierno.