El Ayuntamiento de Benavente ha iniciado un procedimiento para la imposición de penalidades a la consultora Inzamac Asistencias Técnicas por infracción grave que podría finalizar con la imposición de una sanción de 1.560 euros debido al incumplimiento del contrato de auscultación de los cuestos.
La Administración local benaventana, que en octubre anunció que no prorrogaría el contrato con la consultora por retrasos en la entrega de los informes e interrupciones en la prestación del servicio, ha acordado también rechazar la recepción del contrato remitido por la empresa al no adecuarse los trabajos efectuados a la prestación contratada como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista. El Ayuntamiento se considera por este motivo exento del pago de las facturas pendientes.
En el caso del expediente, el Consistorio ha aplicado la cláusula 33 del pliego de condiciones administrativas que recoge las penalidades a imponer a los contratistas y que establece que a efectos contractuales se considerará falta penalizable toda acción u omisión del contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificas en el contrato, y faltas graves aquellas que afecten desfavorablemente a la calidad de acabado del trabajo o a la prestación del servicio.
