05 de abril de 2017
05.04.2017
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Las opas instan a la Junta a defender al agricultor activo

El profesional del sector debe ser aquel que perciba al menos el 50% de sus ingresos del campo, según los sindicatos

06.04.2017 | 01:20
Milagros Marcos con sindicalistas agrarios y cooperativistas.

Las organizaciones agrarias de Castilla y León desterraron hoy los criterios mínimos que apoyan para definir la figura de agricultor activo e instaron a la Junta y al Gobierno central a defender en Bruselas que sea aquel que perciba al menos el 50 por ciento de sus ingresos procedentes del sector agrario. De este modo, consideraron que para ellos sigue vigente el acuerdo suscrito en noviembre de 2013 con la entonces consejera de Agricultura, Silvia Clemente, en el que se acordó que "no se debían conceder ayudas a los que no acreditaran un nivel de ingresos procedentes de la actividad agraria por la producción y cría de productos agrícolas y ganaderos en una cuantía al menos idéntica al importe que les corresponda en concepto de pagos directos".

Un nuevo debate que hoy salió de nuevo a la luz después de que tanto los representantes agrarios, la Unión Regional de Cooperativas (Urcacyl) y la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, instaran a la sociedad, principalmente al sector, a cumplimentar la encuesta lanzada por la Unión Europea para sentar las bases de la futura reforma de la PAC 2020 que, tal y como recordó Marcos, debe significar "un documento fuerte, que permita el equilibrio de la cadena de valor, que garantice las rentas y que asegura el empleo en el medio rural". El modelo defendido por la Comunidad está presente en un destacado en la página web de Agricultura y se puede participar hasta el 2 de mayo.

Sobre la necesidad de definir la figura de agricultor activo, Marcos coincidió en que es imprescindible consensuar unos criterios, aunque matizó que "ahora no es el momento" de cerrar los porcentajes de ingresos de los activos y que se trasladará al grupo de trabajo junto al Gobierno, "porque lo anterior no vale". En el mismo sentido se postuló la pasada semana la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, y la totalidad de las comunidades autónomas.

Lo que está claro es que existe unanimidad para defender el trabajo y el peso de los agricultores y ganaderos a título principal, más allá de los criterios a negociar. "Si para 2020 Europa no avanza en esta definición, España tendrá que hacerlo. Hace unos años cuando firmamos el documento de que significara al menos el 50 por ciento nos miraban como bichos raros. Ahora todas las comunidades lo piden. Si todos quiere, será más fácil hacerlo, incluso ya mismo y tener camino andado para la siguiente reforma", espetó el presidente regional de Asaja, Donaciano Dujo. El secretario autonómico de UPA, Aurelio González, en nombre de La Alianza, admitió que los porcentajes "se negociarán", pero consideró que en el documento de 2013 están de acuerdo "todas las organizaciones". Por su parte, el coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, abogó por no bajar de ese 50 por ciento para fijar los agricultores y ganaderos que deben percibir la PAC. Al respecto, recordó que países como Francia "ya han hecho los deberes" y se registran "únicamente 350.000 solicitudes", frente a las 800.000 de España. "Algo no se está haciendo bien", lamentó.

Momentos complicados para negociar

Donaciano Dujo echó en falta mayor participación y señaló que la pasada semana se habían completado sólo 25.000 formularios en la UE y un millar en España. "Queremos que la encuesta la rellenen los agricultores y la sociedad de la Comunidad. Si lo hacen otros, se valorará más lo negativo", reprochó. Por ello, instó a la ayuda de todos en este aspecto, en un momento complicado para la negociación con "incertidumbres como el Brexit, Trump y Rusia o las elecciones europeas de 2019". "No es el mejor momento para negociar buenas condiciones para la PAC. Necesitamos que cuente con un presupuesto digno, normas claras de mercado, estabilidad y sencillez burocrática", demandó.

Todo ello, añadió, para "producir alimentos de calidad con garantías sanitarias, que contribuya a generar empleo en el medio rural y mantenga un medio ambiente digno, como el actual en Castilla y León". Y ese reparto "debe fijarse" en los agricultores activos.

La Alianza también animó a completar el cuestionario "para dejar la opinión regional en Bruselas", que la UE entienda "que Castilla y León está en contra de macroempresas al estilo americano y sean más familiares, como hasta ahora". También avanzó que será necesario un "reparto más justo", una vez que salga de la UE un país aportados como el Reino Unido.

Por otro lado, recordó que "se ha desmontado el sistema protección de precios" y abogó por mecanismos "nuevos" que establezcan dificultades a los "especuladores". "Cada vez tenemos precios más bajos, mientras se hinca el intermediario", se quejó. Un punto en el que se mostró de acuerdo UCCL, "de acuerdo con el resto en un 80 por ciento de las peticiones", tal y como manifestó González Palacín, quien apoyó también "herramientas de intervención que funcionaban hasta 1992 y que garantizaban al menos los costes de producción". "Queremos poder negociar con la industria. Desde Bruselas deberían fomentar estas relaciones, porque no está reñido el mercado libre y la suscripción de contratos", dijo.

Por último, el director de Urcacyl, Jerónimo Lozano, habló de la "necesidad de mantener las ayudas, informar a los consumidores de que "pagan los precios actuales por los productos gracias a la PAC, el apoyo a la concentración de la oferta y mejorar el posicionamiento de los agricultores y ganaderos en la cadena alimentaria.

Cuestionario defendido en Castilla y León

La consejera enumeró los apartados fundamentales del cuestionario y las respuestas que defiende el sector en Castilla y León a las cuestiones planteadas por la UE. De este modo, expuso, en primer lugar, la necesidad de "garantizar el nivel de ingresos básicos" de los agricultores con dos tipos de pagos bajo un pilar titulado ´Agricultura, zonas rurales y la PAC hoy´. Estarían vinculados a la dimensión de la explotación y no basados en derechos históricos, sobre unos productos orientados a las demandas de los mercados y con una apuesta clara por la simplificación administrativa. Y unos pagos específicos para determinadas producciones que, por su volumen o por su necesidad de recursos, requieren más inversión o necesiten una atención diferenciada.

Unas ayudas, defendió, que debería dirigirse hacia los profesionales del sector para eliminar a aquellas personas que no son activas, pero dando los pasos hacia un proceso de transición que permita la liberación de las explotaciones acorde con la paulatina incorporación de los jóvenes al campo. Lo resumió con "problemas" a superar como una "excesiva burocracia, rentabilidad para el activo y falta de mecanismos de mercado".

Un segundo apartado se centra en el cuestionario en ´Objetivos y gobernanza´, en el que Castilla y León aboga por priorizar inversiones y fortalecer un "mercado único en la UE" y participar en el comercio mundial. En este punto, la consejera recordó que el consumidor "tiene garantizado precios razonables por los productos que adquiere y el agricultor y ganadero depende de la PAC para garantizar precios dignos". También aboga por que la reforma "se dote de instrumentos que corrijan los vaivenes del mercado".

Un tercer aspecto habla de ´Agricultura, zonas rurales y la PAC en el futuro´, en el que la Comunidad, según refleja el cuestionario, defiende la continuidad de las ayudas y mecanismos frente a posibles crisis, tanto a las sanitarias como a las de los mercados para "no estar al albur de situaciones que vayan surgiendo en cada momento". Marcos también defendió que la futura PAC sea una herramienta en la conservación del medio ambiente y que tenga en cuenta que la agricultura y la ganadería son los principales motores de la economía del mundo rural.

Por último, se refirió a un capítulo de ´Conclusiones´, en el que la consejera argumentó que mientras la PAC ha logrado asegurar al consumidor alimentos de calidad a precios razonables, que era uno de sus objetivos iniciales, otro de sus retos fundacionales, como era el equilibrar las rentas de ganaderos y agricultores con el resto de los sectores, "está muy lejos de materializarse", ya que la renta agrícola media europea es el 40 por ciento de la renta no agrícola.

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