La prórroga de los contratos de alquiler beneficia a unos 15.000 zamoranos

6.084 contratos de alquiler en Zamora podrán beneficiarse de la prórroga que ha aprobado el Gobierno central como una de las medidas para luchar contra la crisis de la vivienda según las estimaciones del Ministerio de Consumo en base a los datos del Panel de Hogares.

Esta propuesta supone que los contratos que venzan antes de que comience 2029 se alargarán de forma obligatoria durante dos años con las mismas condiciones. El Instituto Nacional de Estadística señala que, de media, en cada hogar hay 2,5 personas; por lo que la prórroga afectará a unos 15.000 zamoranos.

Para poder disfrutar de esta prórroga, el inquilino deberá solicitarlo y encontrarse al corriente de pago. Como regla general, el propietario tendrá que aceptar la extensión. Las únicas posibilidades para esquivar esa ampliación contractual es que el propietario acredite que necesita la vivienda para él o algún familiar o que se firme un nuevo contrato reduciendo un 5% la renta, pero este nuevo tendrá como mínimo una duración de cinco años.

Datos

En el caso de Castilla y León, el número de contratos es de casi 95.000, por lo que las personas beneficiadas son más de 237.400. Por provincias, Valladolid acumula el 23% de los contratos de alquiler que se pueden beneficiar de la prórroga, Salamanca casi el 18% y León y Burgos el 15% cada una. En la quinta posición se encuentra Zamora, y por detrás Segovia, Ávila, Palencia y Soria.

En España, son 1.895.676 contratos los que se van a poder prorrogar, beneficiando a unos 5 millones de personas. Las comunidades con más contratos de alquiler vigentes en la actualidad son Madrid (402.000), Cataluña (339.000) y la Comunidad Valenciana (224.300). Castilla y León se encuentra en la séptima posición, superada por las tres comunidades nombradas anteriormente y por Andalucía (200.204), Galicia (11.175) y Canarias (108.252). En el otro extremo se encuentra La Rioja, con solo 12.721 contratos prorrogables gracias al real decreto.

Qué supone el nuevo decreto

Además de la prórroga de los contratos, la medida que tendrá una repercusión más inmediata del nuevo decreto de vivienda es la relacionada con el precio, ya que los inquilinos cuyo alquiler ya se encuentre por encima del máximo que marque el Sistema Estatal de Precios de Referencia del Alquiler de Vivienda tendrán congelada su actualización anual hasta finales de 2027.

La nueva limitación se aplicará a las actualizaciones anuales que correspondan desde la entrada en vigor de la norma hasta el 31 de diciembre de 2027. Si la renta que ya paga el inquilino es superior al precio máximo que le correspondería, el propietario no podrá subirle nada: la actualización será del 0%. Sin embargo, no significa que todos los alquileres queden congelados. Cuando la renta no supere ese máximo, casero e inquilino podrán pactar una nueva actualización y, si no alcanzan un acuerdo específico, el incremento no podrá superar el 2%.

Aquellos inquilinos que tienen firmado un contrato de alquiler temporal sufrirán cambios con el nuevo decreto. El más inmediato es que solo podrá firmarse uno de estas características cuando exista una causa real y acreditable que justifique la temporalidad. Por ejemplo, cursar unos estudios fuera de la ciudad o un empleo temporal. Si no existe esa causa, el contrato pasa a estar sometido al régimen del alquiler habitual desde el momento en que se firmó. La duración deberá ser superior a 31 días y no podrá exceder de doce meses. Si supera ese plazo sin que continúe existiendo una causa que lo justifique o si se encadenan más de dos contratos, se entenderá que era habitual y pasará a estar amparado por la ley de arrendamientos urbanos (LAU).

La nueva regulación del arrendamiento por habitaciones pretende poner fin a una práctica extendida en las grandes ciudades —o las localidades universitarias— consistente en partir un piso en habitaciones y lograr mayor renta que alquilándolo íntegramente. La suma de los alquileres de todas las estancias no podrá superar el precio correspondiente al contrato de la vivienda completa, aunque el decreto no fija expresamente cómo calcular esa hipotética renta de la vivienda completa cuando nunca ha existido un contrato unitario anterior. Si está en una zona tensionada, sí que ese precio tendrá que respetar los límites marcados por el Sistema Estatal de Precios de Referencia del Alquiler de Vivienda.

El texto del real decreto-ley regula los honorarios de la agencia inmobiliaria, que no podrán cobrarse al inquilino. Tampoco podrán facturarse servicios distintos y no esenciales cuando el propio arrendatario los haya solicitado expresamente y conozca su precio ni los impuestos asociados a la vivienda, como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), cuyo pago corresponde al propietario, pero podía repercutirse por contrato antes.

La novedad fiscal del decreto es que se recupera una deducción para inquilinos con ingresos medios y bajos. Hacienda permitirá descontarse el 10% de lo pagado por el alquiler de la vivienda habitual, siempre que la base imponible anual sea inferior a 33.007,20 euros. El máximo se alcanza si la base imponible no supera los 23.007,20 euros. En ese caso, Hacienda permite aplicar la deducción sobre hasta 11.630 euros de alquiler al año. El 10% de esa cantidad son 1.163 euros, que es el ahorro fiscal máximo. A partir de una base imponible de 23.007,20 euros, ese máximo va reduciéndose progresivamente. Cuanto más se acerca el contribuyente a los 33.007,20 euros, menor es la deducción, hasta desaparecer por completo a partir de ese nivel.

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