El trabajador fallecido se disponía a “pagar dos tejas” en una casa de Villaralbo cuando la escalera sobre la que se hallaba el varón, colocada en oblicuo, se cayó al suelo desde una altura de cuatro o cinco metros y se fracturó el cráneo, al no estar protegido con arneses ni con casco.
La Fiscalía de Zamora exige una condena a 3 años de prisión para el propietario de la empresa, un joven de iniciales A.F. R., como responsable de un homicidio por imprudencia grave de su empleado, que dejó viuda y 10 hijos, una muerte que ocurrió el 28 de diciembre de 2019 a las 11.00 horas, un año después de ser contratado.
La pena que solicita la acusación pública, a la que se adhirió ayer el abogado de la familia, incluye la inhabilitación para el cargo de administrador de empresa durante 3 años. El siniestro está directamente relacionado, según la Fiscalía y el abogado de la acusación particular, con el incumplimiento de las medidas de seguridad en el trabajo que exige la Ley, una responsabilidad exclusiva del empresario, nunca del trabajador, argumentó la fiscal durante el juicio celebrado ayer en el Juzgado de lo Penal.
Sin equipo de protección ni medidas de seguridad
Se trataba de un día de ambiente húmedo, por lo que el riesgo de caída pudo haber sido mayor, según la acusación particular, que incidió en que el imputado “no entregó el equipo de protección (epi), ni equipo de trabajo, ni tomó las medidas colectivas de protección individuales o colectivas que debía”.
Tampoco se llevó a cabo una evaluación de los riesgos que entrañaba el trabajo que el empleado iba a realizar a tantos metros de altura y sobre un tejado para determinar la protección necesaria para preservar la integridad física del obrero, añadió el letrado.
En ese mismo sentido se pronunció el inspector de Trabajo que elaboró el informe sobre las causas de la muerte, documento en el que se basó la sanción administrativa que se impuso a la empresa Sinser, en la que el finado trabajaba por cuenta ajena, recalcaron el Ministerio Fiscal y la acusación particular en base al contrato laboral suscrito en noviembre de 2018 por la sociedad y el empleado.
El administrador único de la sociedad familiar y el procesado se encontraba en el lugar del siniestro, aunque en el garaje con la dueña de la vivienda, que le estaba mostrando otra avería de la casa, indicaron ambos al testificar ante la magistrada de lo Penal durante el juicio.
La técnico de Salud Laboral que testificó, la encargada de elaborar el informe del accidente laboral ratificó que existían falta de medidas de protección y seguridad para llevar a cabo el trabajo, al tiempo que puso de manifiesto la obligación de la empresa de formar a los empleados para evitar que desarrollen sus tareas desprotegidos.
La técnico manifestó que, si no era posible disponer de medidas individuales para el trabajador, se debían haber puesto en práctica las colectivas, es decir, que el empresario hubiera ayudado a sujetar la escalera para impedir que se deslizara.
Un estruendo y una gran brecha en la cabeza
“Oímos un ruido estruendoso”, explicó la propietaria de la vivienda, en la urbanización Las Pesetas, en la que el oficial de primera fallecido, iba a reparar las dos tejas. La reacción inmediata fue comprobar qué había ocurrido, cuando se encontraron al hombre en el suelo.
Uno de los agentes de la Guardia Civil que acudió al lugar del siniestro describió que el accidentado tenía “una gran brecha en la cabeza” como consecuencia del golpe que se dio contra el suelo. La acusación particular solicita a la magistrada que condene también a la madre del acusado, quien figuraba como administradora única poco antes de producirse el siniestro, de iniciales M.R.C., quien dejó el cargo cuando obtuvo una incapacidad por sufrir fibromialgia y depresión.
La Fiscalía fija la indemnización para la familia del hombre en 783.000 euros que deberán ser entregados a la viuda, con la que convivió durante 37 años, y a los 10 hijos del matrimonio de entre 20 y 36 años de edad por la pérdida irreparable.
