De investigados a detenidos. La juez ha tirado de la manta de la trama Raga y ha ordenado la detención a dos altos directivos del Grupo Raga, uno de ellos consejero delegado, de iniciales G.R.G, exdirector ejecutivo; y el otro el jefe de área Noroeste de la empresa adjudicataria de Parques y Jardines de la capital, de iniciales A.G.I., según ha podido saber LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. Junto a ellos, han pasado su primera noche en la Comisaría de Zamora dos trabajadores de la concesionaria municipal, un encargado, S.M., y un técnico de la empresa, F.A., todos ellos ya asistidos en el día de ayer por sus abogados al ser sospechosos de haber cometido graves delitos contra la Hacienda Pública Municipal.
El quinto investigado en la trama Raga sería el exjefe de Parques y Jardines de la capital, Alberto Vega, detenido ya el 3 de marzo, en libertad bajo fianza de 60.000 euros, por presunta corrupción y que también habría sido llamado a comparecer en el curso de esta investigación policial que partió de esa primera denuncia impulsada desde el propio Ayuntamiento de Zamora, tras abrir un expediente disciplinario por posible malversación al alto funcionario municipal.
La investigación que dirige la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Zamora parece confirmar las sospechas del Ayuntamiento, que interpuso una denuncia para que se investigaran las posibles ilegalidades detectadas en la gestión del servicio municipal y la práctica empresarial de Raga en perjuicio de las arcas municipales.
Entre esas ilegalidades que han motivado el arresto de los cinco investigados en la causa judicial, estarían el cohecho; y el endoso de facturas de obras privadas al Consistorio, al parecer, realizadas con personal y material exclusivo de la contrata con destino al cuidado y mantenimiento de las zonas verdes de la capital; y de otros proyectos adjudicados por esa Administración al Grupo que se habrían realizado con ese mismo sistema: desvío de empleados de la contrata, material y maquinaria pagados por la institución local, que abona 1.190.000 euros a Raga cada año desde 2007 para que atienda a sus amplias zonas verdes.
De modo que, el Grupo Raga habría sacado pingües beneficios con la ejecución de numerosos proyectos, todos ellos con presupuesto no superior a 60.000 euros, al tratarse de obras de menor entidad, ejecutados con el sistema descrito en las diligencias judiciales que ahorraría costes a la empresa, según ha podido saber LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.
La trama Raga se habría ideado para engordar los beneficios del Grupo empresarial a expensas de las arcas municipales, según la investigación policial en curso, e implicaría la comisión de posibles delitos de fraude, por el supuesto endoso de "gastos estrictamente privados, ajenos a la prestación del servicio" municipal para cuyo desempeño fue contratada la adjudicataria.
INICIO DE LA INVESTIGACIÓN
El Ayuntamiento de Zamora denunció en el Juzgado un mes después de la detención de Alberto Vega, en abril pasado a la empresa adjudicataria de la conservación y el mantenimiento de los parques y jardines, y del arbolado de Zamora capital, al Grupo Raga, por un posible endose “gastos estrictamente privados, ajenos a la prestación del servicio” municipal para el que fue contratada.
A partir de ahí, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Zamora ordenó a la policía judicial investigar un posible perjuicio a las arcas municipales, el delito de cohecho, falsedad en la contabilidad mercantil e infracciones tributarias o delitos fiscales, pesquisas paralelas a las emprendidas contra el jefe del servicio de Parques y Jardines del Consistorio, Alberto Vega, el 3 de marzo por presunta corrupción, según consta en las diligencias policiales.
La posible realización de “contratos simulados” constituiría la comisión del supuesto delito contra la Hacienda pública, en los que no se descartaba que se hubieran aumentado las cantidades económicas “de forma artificial”, cuantías que no se corresponderían con el gasto de los trabajos hechos y se pasarían después al cobro al Ayuntamiento.
La denuncia concretaba que el Grupo Raga, al parecer, habría girado “facturas” al Consistorio “a sabiendas de que no se correspondían con la realidad”, con el único objetivo de “empobrecer las arcas municipales”, se argumentó ante el Juzgado.
Por último, el Ayuntamiento concluye que “existe constancia de que la empresa ha venido utilizando” a parte del personal de Raga contratado en exclusiva para el servicio de Parques y Jardines para ejecutar “otros contratos” que la institución le ha adjudicado al grupo empresarial.
