El consentimiento informado no puede ser un mero trámite burocrático con un contenido genérico para todo tipo de pacientes, que obvie los riesgos concretos para el enfermo que se somete a una intervención quirúrgica y que pueden llegar a causarle la muerte. Esa es la conclusión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en su condena al Sacyl por una “mala praxis” en la elaboración de esa documentación en la que no advirtió a una mujer zamorana de los factores de riesgo a los que se enfrentaba en el quirófano y que causaron su fallecimiento, explica el gabinete jurídico Víctor López Rodríguez Abogados.
La paciente murió en la mesa de operaciones cuando se le estaba sustituyendo la válvula mitral, tras firmar “un consentimiento defectuoso”, confiada de que los médicos que la estaban atendiendo en el servicio de cirugía cardíaca del Hospital Clínico Universitario de Salamanca, de gran prestigio, que le “presentó la operación como algo sencillo”, matiza el abogado. El Tribunal obliga ahora a la Consejería de Sanidad a resarcir a la familia de la mujer por los daños sufridos con su pérdida, ya que “no” se le dio opción de elegir si quería operarse o no "con toda la información precisa y detallada”, con lo que se conculca “la autonomía de la paciente”, su derecho a decidir si quiere arriesgarse o no a ser operada, concretan los magistrados. La sentencia alude, en este sentido, al Tribunal Supremo para afirmar que la paciente “debió ser objeto de información específica y personal y, por tanto, que el consentimiento informado debió incluir este dato”.
Los riesgos que pusieron fin a la vida de la zamorana se derivaban de la “importante calcificación que presentaba en el anillo valvular mitral”, que podría provocarle la muerte como sucedió, explican desde el gabinete jurídico que logró la condena al servicio de cirugía cardíaca del Clínico Universitario de Salamanca. Ni se le explicó verbalmente, ni se agrega al consentimiento informado con el que el enfermo autoriza la intervención quirúrgica, a pesar de que los informes médicos del Hospital de Zamora, donde acudió la paciente el 8 de octubre de 2015, recogen la calcificación causada “por el depósito de sustancias que endurecen la válvula o el anillo mitral”.
El perito al que se remite el TSJ indica que este “factor de riesgo en la intervención quirúrgica” para cambiar la prótesis incrementa la probabilidad de fallecimiento del paciente. Los magistrados llegan a puntualizar que, aunque esa circunstancia “no se incluya dentro de los factores a tener en cuenta para calcular el porcentaje de riesgo mediante el Euroscore Logístico”, como defendía la Sanidad, eso “no significa que no constituya un riesgo a tener en cuenta”. La sentencia tira del informe del inspector médico que agrega que “esos modelos Euroscore se utilizan de manera generalizada”, incluyen “determinados parámetros”, pero entre ellos no está el relativo a la calcificación del anillo valvular mitral que causó la muerte a la zamorana.
El documento debe incluir circunstancias específicas de especial riesgo
El consentimiento informado para cualquier actuación médica “debe ser personalizado”, concreta la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valladolid, de modo que “debe recoger cualquier circunstancia específica que aumente el riesgo” para la salud del paciente, la muerte en el caso de la zamorana operada en el servicio de cirugía cardíaca del Clínico Universitario de Salamanca. “Hasta tal punto”, añaden los magistrados que condenan al Sacyl por mala praxis, que “el impreso de consentimiento informado que firmó la fallecida incluye un apartado” específico para ello, denominado “otras complicaciones a reseñar en su caso particular”, un espacio que quedó en blanco, a pesar de que la calcificación que sufría la zamorana en su válvula mitral era “severa”, concreta el abogado de la familia, y podía causar su óbito, como ocurrió.
El Tribunal concluye, por ello, que “los defectos en el consentimiento informado son relevantes en términos de causalidad”. La sentencia subraya que “no está acreditado que hubiera una necesidad inmediata” de llevar a cabo la intervención quirúrgica que provocó la muerte de la paciente y destaca que “no había ningún riesgo vital” para ella si no se llevaba a cabo. La familia ha litigado para que no vuelva a producirse este error.
