Durante la reunión que han mantenido hoy en Valladolid, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco y el presidente del Consejo Consultivo, Agustín Sánchez de Vega, han abordado la propuesta de una nueva Ley para esta institución propia del Comunidad, así como el primer informe a iniciativa propia sobre el impacto demográfico en el procedimiento de elaboración de las normas.
El Consejo Consultivo de Castilla y León, ubicado en Zamora, es la institución propia de la Comunidad que se encarga de velar por la observancia de la Constitución, el Estatuto de Autonomía, el Derecho Europeo y el resto del ordenamiento jurídico en el funcionamiento ordinario de las administraciones de la Comunidad. Está integrado también por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales.
"La nueva Ley contribuirá a mejorar el funcionamiento integrado del Consejo Consultivo y del Tribunal de Recursos"
Según el presidente de esta institución, la nueva Ley contribuirá a mejorar el funcionamiento integrado de los dos órganos, reforzará la autonomía e independencia de la institución y reafirmará la condición del Consejo como “superior órgano consultivo” de la Comunidad, tal y como lo define el Estatuto de Autonomía. Asimismo explica que la propuesta, respaldada por todos los consejeros, es fruto de la experiencia acumulada en el ejercicio de las funciones atribuidas a Consejo y TARCCYL, a la vez que añade que el objetivo principal es servir al mejor ejercicio de los derechos de los castellanos y leoneses.
El presidente del Consejo Consultivo también ha entregado al presidente de la Junta de Castilla y León el informe sobre el impacto demográfico en el procedimiento de elaboración de las normas. Este informe, según ha explicado Sánchez de Vega al presidente de la Junta, constituye una contribución al debate jurídico y técnico, aún pendiente de acotar y definir tanto en el Derecho autonómico, como en el estatal y en la Unión Europea. Por ello, la propuesta del Consejo Consultivo es una iniciativa nueva destinada a que el Gobierno regional disponga de una útil herramienta en la elaboración de las normas que le permita evaluar las consecuencias favorables de éstas para hacer frente a la despoblación.
