"Todos los que firmamos este acuerdo marchamos por el mismo camino aunque no estemos de acuerdo en todas las medidas que lo componen". Así resumió el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, un pacto "transversal" que dirigirá la política de la Junta de Castilla y León durante los próximos años.
Una lectura detallada del acuerdo permite comprobar que hay concesiones por parte de los cuatro partidos que lo firman. Algunas bastante llamativas. Por ejemplo, el PP renuncia a la que ha sido una de sus grandes aspiraciones hasta la llegada del coronavirus. La tramitación parlamentaria de la práctica supresión del Impuesto de Donaciones y Sucesiones entre familiares directos se paraliza. Esto significa que el impuesto seguirá vigente en Castilla y León, algo necesario teniendo en cuenta que la comunidad necesita reforzar su capacidad recaudatoria y que otros partidos firmantes, PSOE y Podemos, se han mostrado siempre en contra de suprimir el impuesto. En este punto cede el PP.
El PSOE, por su parte, también "se planta" ante Pedro Sánchez y exige, con su firma en el documento, "solicitar al Gobierno de la nación la gestión del Ingreso Mínimo Vital por parte de la Junta de Castilla y León, en los mismos términos y condiciones que las Comunidades Autónomas del País Vasco y Navarra, garantizando así la igualdad entre las personas, sea cual sea su territorio de residencia". Cesiones, en cualquier caso y según todos los implicados, que buscan "lo mejor para los ciudadanos de Castilla y León" durante los próximos meses y años, cuando la comunidad tenga que volver a levantarse después del duro golpe que ha supuesto la epidemia.
El recuerdo estuvo presente de forma constante en la media hora que duró el acto. Más allá de diferencias ideológicas, los políticos de la comunidad "estuvieron a la altura", como explicó el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y que ratificó el líder regional del PSOE, Luis Tudanca, quien agradeció la "generosidad" de las partes y aseguró importarle que "nadie pierda y todo el mundo gane". Castilla y León se convierte así en la segunda comunidad autónoma en suscribir un acuerdo de este tipo, solo por detrás de Aragón.
El patio central de la sede de Presidencia de la Junta, en el Colegio de la Asunción, se engalanó para acoger la firma, aunque lejos de aquellos actos que se convertían en fiestas cuando tomaban posesión los gobiernos y sus consejeros. La campana de esta ocasión no sonaba para ello. Una amplia representación de directores y delegados autonómicos de los medios de comunicación de Castilla y León dieron realce al acto, junto al resto de periodistas, fotógrafos y cámaras. Y tanto los firmantes como los presentes, todos, guardando la distancia de un metro y medio de separación, al aire libre, y con la mascarilla puesta. Únicamente el interlocutor que tomaba la palabra en cada momento se la retiraba.
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el vicepresidente, Francisco Igea, y los portavoces parlamentarios del PSOE, Luis Tudanca, del PP, Raúl de la Hoz, de Ciudadanos, David Castaño, y de Podemos, Pablo Fernández, protagonizaron una firma que responde a una de las reivindicaciones sociales, que sus políticos se pongan de acuerdo. Cada uno con su pluma propia una vez que eran llamados para firmar. El documento también está respaldado por el procurador de Por Ávila, Pedro José Pascual, quien por motivos de agenda no pudo acudir a la firma oficial. Se desmarcan del mismo el leonesista Luis Mariano Santos (UPL) y el representante de Vox, Jesús García-Conde.
De este modo, Castilla y León se dota de un pacto calificado como "histórico" por todos, y del que recibieron también su reconocimiento aquellos que han ejercido como muñidores en algunos de los partidos políticos, como fueron el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, y la vicesecretaria general del PSOE regional, Virginia Barcones.
