Hace algo más de un año que el Gobierno aprobó un real decreto contra la pobreza energética en el que derogaba, por fin, el cargo que se imponía a los consumidores en el caso de producir su propia energía para autoconsumo.
El conocido como "impuesto al sol" incluía además otras medidas para ayudar a su implantación como la simplificación de los trámites burocráticos y técnicos para las instalaciones de autoconsumo y la eliminación de la obligación de que las no superiores a 100 kilovatios (KW) se inscriban en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica.
En este mismo real decreto, el Gobierno reconocía además el derecho al autoconsumo compartido entre una o varias personas, lo que permite aprovechar las economías de escala, sin cargos adicionales.
Con esta medida, el Gobierno pretende que se generalice la instalación de paneles solares en las viviendas para el autoconsumo, lo que generará una mayor independencia energética en los hogares y como consecuencia una reducción en los niveles de contaminación que se emiten a la atmósfera.
