Seiscientas noventa firmas lleva la campaña iniciada en change.org para recabar apoyos ciudadanos que eviten el derribo de la capilla del Hospital Provincial. La inminencia de la entrada de las máquinas que acabarán con la iglesia anexa al centro sanitario, un ejemplo de la arquitectura religiosa de los años 60, ha movilizado a numerosos sectores de la sociedad zamorana, desde arquitectos a historiadores pasando por colectivos políticos y vecinales de todo tipo, que se han sumado a la petición de indulto para el inmueble y su reconversión en centro social para un barrio necesitado de este tipo de dotaciones, Los Bloques.

Ha sido la inminencia del derribo lo que ha reabierto un debate que estuvo ya candente en su día y en el que se ha evidenciado una evidente contradicción en la acción de las Administraciones, sobre todo la Junta de Castilla y León. Y es que, como desveló el concejal de Izquierda Unida, Francisco Molina, la Junta (Patrimonio) recomendó catalogar el edificio de la capilla del Hospital Provincial cuando el Ayuntamiento estaba redactando el PGOU, junto con otras edificaciones de la parte nueva de la ciudad (en el Casco Antiguo la propia Junta puede determinar qué se protege, pero fuera de ahí no). Y el Ayuntamiento decidió que la capilla quedaba sin protección, por tanto estaba expuesta a modificaciones e incluso el derribo, frente a otros inmuebles, como el del Banco de España, que sí logró el grado de protección.

La Junta encargó el proyecto y los arquitectos no tuvieron en cuenta el mantenimiento de la capilla, afectada por parte de la nueva edificación. Es cierto, como dice la Delegación Territorial en uno de los escritos de respuesta a Rafael Ángel García Lozano, uno de los estudiosos más activos en la defensa del inmueble desde hace años, que durante el periodo de exposición pública del proyecto nadie dijo ni pío. Y lo es también que los técnicos municipales indicaron a los redactores del proyecto la conveniencia de mantener la capilla. Claro que si existe una evidente contradicción entre distintos departamentos de la Junta (Patrimonio que defiende su valor y Sacyl que la condena al derribo) tampoco es menor la incoherencia del Ayuntamiento, que tuvo en su mano proteger el inmueble y luego recomienda mantenerlo. Sea como fuere los defensores de la capilla atienden sobre todo al valor arquitectónico del edificio, un ejemplo único de la arquitectura religiosa de mediados del pasado siglo, como documentó en un extenso informe Rafael Ángel García Lozano. El historiador Miguel Ángel Mateos ha salido también en defensa de la capilla: "Es una joya del neomudéjar con casamiento de sillares y diseño oscuro que me recuerda mucho al románico de Zamora. Es el único ejemplo de la arquitectura eclesiástica de los años sesenta. No se está valorando un edificio del año 65. Lo único que ganamos con el derribo son seis u ocho plazas de aparcamiento. Puede ser una excelente ubicación para un centro cultural, museístico e incluso religioso; al igual que los edificios de su entorno. Pido al Ayuntamiento que rectifique y convenza a la Junta de las peculiares características de la construcción". Se suma así a la petición de IU. Y la de Asociación Vecinal Zamora. Y la de tantas personas que están secundando la iniciativa de Guillermo Alonso Muriel, entre las que se incluyen muchos arquitectos y buenos conocedores de la historia de Zamora. Lo fundamental es la idea de que "aún estamos a tiempo" de evitar lo que se considera "un derribo absurdo", ya que no costaría tanto mantener en pie un ejemplo de la arquitectura moderna zamorana. "Dejar perder la capilla sería renunciar al único ejemplo de esta tipología arquitectónica que conservamos en la ciudad, argumenta García Lozano.