La sentencia de la Audiencia Provincial ha tenido en cuenta la circunstancia atenuante de dilación en la tramitación del procedimiento, ya que desde noviembre de 2009 en el que se reabren las diligencias en Zamora hasta abril de 2012 en que se tiene por recibido el informe pericial emitido por el Servicio de Informática de la Policía Científica transcurrieron más de dos años "durante los que el procedimiento estuvo paralizado, a pesar de que el juzgado se preocupó de recordarlo", se explica en la sentencia.
Para los magistrados, este plazo "no es razonable y supuso una dilación que en el conjunto del procedimiento es significativa, máxime si tenemos en cuenta que este no ha sido especialmente complejo a tenor del conjunto de diligencias practicadas", se relata.
Por otro lado, tal dilación no es "en absoluto achacable al imputado" ya que en ningún momento él bloqueó el procedimiento "bien con la interposición de recursos injustificados o bien con la utilización de otros medios tendentes a retrasar la tramitación de las diligencias penales", se enumera.
El abogado de la defensa, al inicio del juicio, solicitó la nulidad de las actuaciones y argumentó que la diligencia de entrada y registro de la vivienda de su cliente fue acordada sin que se mencionaran los hechos que la fundamentaban, extremo que fue desestimado por los magistrados.
