Los dos ganaderos y hermanos, de iniciales P.O.C. y F.J.O.C., no podrán comerciar con la carne de su cabaña ganadera durante tres años, después de que la magistrada del Juzgado de lo Penal les haya "inhabilitado para el oficio de comercio o industria alimentaria" por ese periodo de tiempo, como autores de un delito contra la salud pública consistente en vender la carne de "las piezas de caza que abatían", además de "diversos animales, corderos y cabras", que "sacrificaban en la nave conocida como matadero", situada en la calle del General Franco, próxima a su domicilio en la localidad de Asturianos. La juez apunta textualmente que ejercían esta actividad "careciendo de autorización administrativa para ello, sin realizar los controles sanitarios pertinentes y sin cumplir las reglamentaciones administrativas respecto del sacrificio de carnes destinadas al consumo humano". La multa que establece para cada uno de ellos es de 1.440 euros por tal delito.

Por lo que respecta a los dos guardias civiles condenados con destino en Puebla de Sanabria, la juez especifica que "eran conocedores de la actividad ilícita" de los tres ganaderos "y se abstuvieron de perseguirla".