El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Zamora verificó la legalidad del procedimiento seguido por el Ayuntamiento de la ciudad para adjudicar el proyecto de adecuación del Banco de España como sede de la Policía Municipal, que actualmente se encuentra en el edificio del antiguo consistorio. Tras analizar el expediente, la Fiscalía archivó la denuncia presentada por el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de León.

Según indicaron fuentes municipales, el auto de la Fiscalía concluyó que la actuación municipal "se ha ajustado estrictamente a la legalidad y rechaza, en consecuencia, todas las dudas esgrimidas por el decano, quien cuestionaba la legalidad del procedimiento elegido y la baja económica como criterio determinante en la adjudicación, además de denunciar un supuesto acuerdo entre los licitadores en base a la vinculación profesional o colaboración puntual que algunos de ellos han podido tener en el pasado".

Frente a todas estas dudas, la Fiscalía subrayó que el procedimiento seguido "se ha ajustado estrictamente a los criterios marcados por los técnicos y por la normativa vigente". En este sentido, el fiscal jefe señaló la existencia de hasta seis informes técnicos, "todos ellos favorables tanto al procedimiento seguido, que es el recomendado por los técnicos, como al criterio de adjudicación, que es objetivo, está justificado y refrendado por la unanimidad de los miembros de la mesa", como manifestaron las mismas fuentes.

La Fiscalía rechazó, igualmente, la existencia de un acuerdo de voluntades entre las partes o entre los licitadores, teniendo en cuenta que la oferta de los dos primeros adjudicatarios quedó excluida por "insuficiencia de la documentación presentada".

Las fuentes consistoriales indicaron, asimismo, que "según se recoge en el auto de Fiscalía, la denuncia presentada por el decano del Colegio Oficial de Arquitectos se sustentaba únicamente en las informaciones periodísticas que recogían, a su vez, las críticas del grupo municipal de Izquierda Unida, cuyo portavoz pidió públicamente y de forma expresa al Colegio de Arquitectos que presentase la denuncia".

Para el equipo de Gobierno municipal, esta resolución "pone de manifiesto de nuevo la diligencia y honestidad en la gestión municipal y deja clara, una vez más, la deslealtad institucional del grupo de IU, cuyo único objetivo es el deterioro de la imagen pública del Ayuntamiento".