El Ayuntamiento retomará el embargo de La Josa una vez se complete el expediente de dominio público después de que las negociaciones con San José Obrero se hayan enquistado de nuevo y el convenio entre ambas partes se haya bloqueado ante la negativa de la Asociación de Vecinos a rubricar un acuerdo que, a su juicio, es "injusto". Ante esta situación, "los procedimientos tienen que continuar y las deudas hay que pagarlas", plantea el concejal de Urbanismo, Feliciano Fernández.

Tras meses de reuniones, el problema de la deuda de IBI y basura de la Asociación de Vecinos al Ayuntamiento -cifrada en 53.000 euros revisables- ya parecía resuelto mediante la compensación por el uso público durante veinte años de las instalaciones del campo de fútbol, el frontón y los espacios verdes que los circundan. Sin embargo, llegados a ese punto, San José Obrero da un paso atrás "para nuestra sorpresa a unas horas de llevar el acuerdo a comisión para su aprobación", reprocha Fernández, en referencia a la reunión del área que se celebra mañana.

El giro de la situación se produjo tras la última reunión de la Junta Directiva de la Asociación Desarrollo Comunitario, que acordó "exigir que la deuda sea anulada por ser contraria a derecho, dado que está emitida con defecto de forma por incluir de forma parcial o total superficies e instalaciones que no son propiedad de esta asociación", exponen en el escrito registrado en el Ayuntamiento. En este sentido, el concejal del PP aclara que esta situación "era precisamente la que habíamos estado resolviendo durante todo este tiempo a través de un decreto de Alcaldía que propició la paralización del embargo", expone, a la vez que puntualiza también que "si bien en lo que había antes tres fincas ahora solo hay una, la superficie de esta única es igual o superior que la anterior, con lo cual las cantidades van a variar muy poquito".

La situación vuelve al punto de partida inicial al entender los vecinos que los recibos deben anularse de acuerdo con el convenio de colaboración suscrito entre la asociación y el Ayuntamiento en 1998 por un plazo de 25 años "que tuvo por objeto la cesión para uso público de La Josa, de modo que el Ayuntamiento, como cesionario, debe pagar el IBI, tal y como señala el artículo del Código Civil". Según los vecinos, la colaboración pactada en ese convenio se ha visto "entorpecida" por el Ayuntamiento en la medida en que se han girado tasas e impuestos municipales por la propiedad de terrenos "cuyo uso ha sido cedido al Ayuntamiento". Además, "tampoco se han realizado las obras comprometidas en el citado convenio", añaden desde la asociación. Todo esto supone, para el colectivo vecinal, "una falta de lealtad en el cumplimiento del acuerdo anterior que, de no remediarse, provocará su denuncia con reserva expresa de la indemnización de daños y perjuicios". Esta misma "lealtad" es la que reivindica el propio concejal de Urbanismo, que se mostró abierto a retomar las negociaciones "en el momento en el que se vuelva a utilizar la cordura y la lealtad en los acuerdos". El también portavoz del equipo de Gobierno defiende que "nuestra postura ha sido muy flexible durante todo este tiempo, tanto que se paralizó el expediente mientras se solventaba la situación". En este sentido, "si deciden retomar el convenio, la postura del Ayuntamiento ahí seguirá, pero desde luego que la parte más importante, relativa al uso público, ya no se puede llevar a efecto en virtud de ningún otro convenio". Eso sí, deja muy claro que "las deudas hay que pagarlas".