El sindicato Comisiones Obreras se propone demostrar, antes del día 17, que el certificado rubricado por el gerente de Atención Especializada de Zamora sobre el cumplimiento de la sentencia judicial que obligó a desmantelar la unidad de gestión clínica del servicio de Psiquiatría del Complejo Asistencial de Zamora es "supuestamente falso", al igual que el documento elaborado por la otra unidad que se puso en marcha en la región, concretamente la del servicio de Cardiología del Hospital Clínico Universitario de Valladolid.
Este falseamiento de los datos implicaría, siempre según la versión difundida por Comisiones Obreras, que no se habría cumplido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que anuló este tipo de unidades.
Precisamente ayer entraba en vigor el decreto de la Consejería de Sanidad por el que se regula la constitución y funcionamiento de Unidades de Gestión Clínica del Servicio de Salud de Castilla y León. Sacyl pretende que las primeras de estas unidades estén en funcionamiento en enero, para lo cual los servicios hospitalarios o centros de salud interesados deberían remitir la documentación antes de que finalizara este mes de diciembre. Un plazo que, según distintas fuentes consultadas, se antoja demasiado corto para afinar bien las propuestas.
De momento no se conoce oficialmente cuántos servicios pueden acogerse a esta modalidad de unidades de gestión clínica. En su día el anterior gerente hospitalario y de Primaria, Rafael López, apuntó al centro de salud Virgen de la Concha, el servicio de Cardiología y el área de Obstetricia-Ginecología-Pediatría, si bien no se puede asegurar ahora mismo si alguno de ellos entrará en esta nueva planificación.
El responsable del Sindicato Médico de Zamora, Tomás Toranzo, asegura que su organización está de acuerdo con el sistema de gestión clínica, aunque no como lo ha regulado la Consejería de Sanidad, porque le encuentra serias carencias que seguramente lo hagan inviable. Considera que el decreto servirá para dar cobertura legal a la actual unidad de gestión clínica de Psiquiatría de Zamora y Cardiología de Valladolid, "que actualmente se encuentran en un limbo legal", pero pone en duda que deprisa y corriendo se puedan arbitrar más, sobre todo teniendo en cuenta la necesaria implicación de todo el personal en su puesta en marcha. Se trata en suma de que sean los propios servicios los que gestionen sus medios para lograr los objetivos previstos. Los detractores ven en esa fórmula cierto riesgo de privatización.
