Los vecinos de las viviendas ubicadas junto al antiguo matadero municipal, en la avenida de Galicia, tomarán el Ayuntamiento de la capital y la delegación territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora como medida de presión para exigir una mayor cofinanciación por parte de la Administración regional para la sustitución de sus calderas de gasóleo por otras de gas ante las emisiones de monóxido de carbono.
La movilización en la Junta de Castilla y León será el próximo martes, según la decisión tomada en la última reunión vecinal, con una sentada en la delegación zamorana para "llamar la atención del delegado", explican los vecinos, si bien no todos los propietarios están dispuestos a participar en estas movilizaciones acordadas en asamblea.
Irán al pleno municipal
En el caso de la movilización en el Ayuntamiento y, a sabiendas de que la institución municipal no tiene vinculación alguna con este problema, la medida se realizará en el pleno convocado para mañana de manera meramente simbólica. Al salón plenario acudirá una representación de vecinos con una pancarta en la que pondrá "Solicitamos ayuda".
Los propietarios tratarán de conseguir una mayor financiación por parte de la Junta, al menos, en los casos de familias con menores recursos y con sus integrantes en situación de desempleo.
Los vecinos que durante los últimos meses han seguido las directrices de la Junta y ya han cambiado sus instalaciones de gasoil se muestran contrariados, ya que consideran que la ayuda es "discriminatoria hacia aquellos que hemos cumplido desde un principio y, sin embargo, nos quedamos sin subvención precisamente por ser rápidos en el cambio", argumentan, indignados.
A pesar de que el delegado de la Junta, Alberto Castro, ha insistido en todas sus declaraciones en que la administración solo fue la promotora, que la garantía de la constructora ya concluyó y que la vida útil de la caldera ya expiró, el responsable autonómico ha ofrecido a los vecinos que aún conservan el gasoil la opción de acogerse a una subvención de un tercio del coste de la instalación y una moratoria de un año prorrogable por otro más para el pago de sus hipotecas.
