El dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León sobre la Ley de Transparencia regional pone en duda la idoneidad del Procurador del Común para actuar como Comisionado de Transparencia, en relación a la vigilancia que debería observar con respecto a las Cortes, que es el órgano que le designa y a su propia institución. El presidente del Consejo Consultivo, Mario Amilivia precisó, no obstante, que el Procurador del Común de Castilla y León es una figura totalmente apta para asumir la función de Comisionado de la Transparencia en relación con las otras instituciones, como puede ser la Junta de Castilla y León o las locales.

Las recomendaciones del dictamen sobre la Ley de Transparencia emitido por el Consejo Consultivo no son obligatorias para las Cortes a la hora de elaborar esta norma. Amilivia afirmó que "la Ley de Transparencia nos parece bien. Lo que hemos venido a decir en el dictamen son esas observaciones como las más importantes. Y también hemos dicho que es el propio Comisionado de la Transparencia, que es el Procurador del Común, el que debe valorar de qué medios debe disponer para garantizar la eficacia de la transparencia". La valoración de la Ley de Transparencia "en un contexto como el que estamos viviendo nos parece totalmente positiva y creemos que es imprescindible, un acierto político del Gobierno plantearla en este momento".

Amilivia, que ayer recibía la visita del presidente del Consejo Consultivo de Extremadura, Pedro Nevado, deseoso de conocer la experiencia de integración del Tribunal de Recursos Contractuales con el máximo órgano consultivo regional, se refirió también a otro asunto espinoso, como es el de la denuncia que en su día presentó el alcalde de Castroverde de Campos a uno de sus asesores, Luis Salado por presuntas amenazas realizadas desde el teléfono móvil de la institución. Amilivia señaló que el informe sobre el gasto del teléfono utilizado por el asesor concuerda con un uso racional del aparato, ya que la factura no supera de media los 5,57 euros mensuales. "Por tanto, desde el punto de vista del control de dinero público ahí acaba nuestra labor", sobre todo teniendo en cuenta que el contencioso se plantea entre dos particulares, Cecilio Lera y Luis Salado, enfrentados desde hace años, no entre el Ayuntamiento o el alcalde de Castroverde como institución y cargo y un asesor del Consultivo. "Es un enfrentamiento privado que no debería tener trascendencia pública". Otra cosa será si tras el juicio se demostrase que ha habido un comportamiento "poco ejemplar" del asesor, en cuyo caso "actuaríamos en consecuencia".

El que declinó pronunciarse sobre asuntos espinosos fue Pedro Nevado, quien se escudó en su condición de cargo de una institución neutra por naturaleza para evitar pronunciarse sobre los viajes a Canarias del presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago.