"Son gitanos legales, de bien vivir", tres generaciones de zamoranos que se asentaron en Porriño y Tui, huyendo como tantos otros de las dificultades económicas de una provincia que ofrecía pocas perspectivas de prosperidad. Cinco décadas después, la comunidad zamorana de 410 gitanos -la mayoría nacidos ya en Galicia- emprende otra huida: de nuevo para evitar el hambre. Pero esta vez abocados por la extorsión "de una auténtica mafia, de la casta que controla, ante la inacción de los políticos", los mercadillos de venta ambulante en las dos localidades gallegas "desde hace quince años", denuncia Francisco Romero Alvite, el presidente de la Asociación Galega de Vendedores Ambulantes y Autónomos.
El silencio que guardan los recién llegados a Zamora desde la Comunidad vecina, acogidos temporalmente por sus familiares de la capital y la provincia, cautos ante una tensa situación -que se arrastra desde hace casi un lustro-, lo rompe sin miedo ni pelos en la lengua Romero Alvite. Y lo hace para defender "a los castellanos" -como se les conoce en la comunidad gitana gallega-, que han dejado sus casas y sus bienes, fruto del trabajo de toda una vida en Porriño y Tui, con la esperanza de recuperarlos pronto.
Viven a expensas de la ayuda de sus familias, muchos "se han venido con lo puesto", incluso "con dinero prestado para la gasolina". "Se fueron con sentimiento de derrota, pero con orgullo, muy dignos como pueblo, cumpliendo la palabra dada", la palabra solidaria con cuatro de los integrantes del grupo que trataron de solventar el problema surgido en torno a la pérdida de puestos en el mercadillo con los representantes del clan dominante.
Estos mediadores "con el jefe de la casta" solo lograron que se les desterrara, "les contestó que rompía relaciones con ellos y que se fueran". Todas las familias zamoranas ya habían advertido de que se irían con ellos si no había acuerdo. Y lo hicieron. Ayer abandonaban la localidad de Porriño, donde viven las tres cuartas partes de los exiliados, y de Tui, donde se asienta el resto. Entre lágrimas y abrazos, "muy afectados todos", los llamados "gitanos zamoranos" emprendieron un exilio que esperan superar pronto. Una situación que Romero Alvite califica como "una película nazi", de la que culpa no solo a quienes denomina "la casta", sino también a "los políticos, que son unos indignos" por "consentidores". Por "mirar para otro lado" una vez informados del conflicto que se estaba larvando por este representante de los vendedores ambulantes; de hacer oídos sordos a la exigencia de "que se cumpliera la Ley, las normas que todos los ayuntamientos tienen para regular los mercadillos", subraya Romero Alvite.
Desde esa misma Asociación se ha apuntado a "Sinaí Giménez Jiménez, secretario general del Pueblo Gitano de España" como responsable de los desmanes, apostilla Romero Alvite. Al parecer, y según afirma este mediador, "la casta recaudaba en mano la cuota de autónomos de la Seguridad Social" para entregarla al Estado. Sin embargo, "algunos vendedores comenzaron a recibir comunicaciones de que se les ha dado de baja" y, por tanto, perdían su derecho al puesto. Los afectados pagaron puntualmente a los "recaudadores" particulares, "a la casta" y ahora se ven privados de su medio de vida.
La estrategia de quienes parecen dominar la situación sería hacerse con esos puestos retirados para distribuirlos entre gitanos de origen gallego, porque "parece que hay gitanos de clase B, que son los que llegaron de Zamora; y de clase A", los de Galicia, abunda el responsable de la Asociación.
Este mediador de la comunidad gitana insta a los ayuntamientos de esa comunidad a actuar cuanto antes, a tomar las riendas de los mercadillos y desmontar "este tinglado que se montó con los "castellanos"", con los procedentes de Zamora, y que no afecta a los originarios de aquella región. "La corrupción política" está detrás de esta disputa, cree el responsable de los ambulantes, como demuestra el que haya "advertido" a una "concejal y diputada en el Parlamento gallego" sin obtener respuesta alguna. Y, de no implicarse las instituciones, Romero Alvite está convencido de que se corre el riesgo de dejar que se enquiste un problema de envergadura y de seguir en actitud de "mirar al dedo en lugar de a la luna".
