Apenas tres minutos duró el pleno ordinario de octubre en la Diputación Provincial, el primero en el que no estuvo ya presente el delegado de Mancomunidades, José Ignacio Isidro, que presentó su renuncia al cargo de representante provincial hace dos semanas, imputado por un supuesto delito de prevaricación. Hecha oficial la renuncia en el plenario, los diputados dieron el visto bueno por unanimidad al convenio por el que la Diputación gestionará los expedientes de ruina de edificios en los municipios y, en su caso, se ocupará del procedimiento de derribo. Más de la mitad de los pueblos se han adherido ya a este servicio.
El citado convenio había sido ya presentado y discutido en anteriores reuniones, aunque ayer se hizo efectivo de forma oficial. El presidente de la institución, Fernando Martínez Maíllo, presentó en su momento tal acuerdo como una de las nuevas funciones que añade la Diputación en el marco de la reforma de la ley local. En esencia, la institución se encargará de tramitar los procedimientos de declaración de ruina -numerosos en las zonas rurales- y, si es el caso, de ejecutar de manera subsidiaria las órdenes de derribo "cuando exista riesgo inmediato para la seguridad de las personas o bienes, deterioro del medioambiente, del patrimonio natural y cultural o conlleven la eliminación de construcciones, instalaciones y otros elementos".
El vicepresidente Aurelio Tomás utilizó en solitario el turno de palabra para subrayar la "relevancia" de este convenio, al que se han adherido ya 135 ayuntamientos "y se irán uniendo el resto", adelantó el diputado. Aurelio Tomás destacó que se trata de un servicio "gratuito" para los ayuntamientos que "resuelve un problema muy importante".
La sesión de octubre se prolongó una hora para dar cabida a las mociones y los ruegos. En el primer caso, los diputados dieron el visto bueno a un documento que pide al Gobierno la "flexibilización" del techo de gasto en el caso de los ayuntamientos que tengan una economía saneada, una solicitud que esta misma semana se acordaba desde la Federación Española de Municipios y Provincias. El presidente Maíllo y la portavoz del PSOE, Rosa Muñoz, debatieron algunos minutos sobre los beneficios y perjuicios de la Ley de Estabilidad para finalmente acordar un texto conjunto que ayude a los municipios a emplear su dinero en obras cuando hayan hecho los deberes económicos. Igualmente, los diputados apoyaron una moción de apoyo al indulto para el zamorano Seguismundo G. Arriba y Maíllo se comprometió a ayudar a la localidad de Peleas de Arriba -lo había pedido Adeiza- tras la crisis generada con el anterior alcalde.
