La norma aprobada por el Gobierno no ha pillado por sorpresa a los bibliotecarios de la ciudad que se muestran en desacuerdo con ella. Así la directora de las municipales, Rufi Veláquez, indica que "daña a los ayuntamientos de los que dependen las municipales que son las que más libros prestan al ciudadano" y ahonda: "Las bibliotecas son escaparates para los autores y muchos no quieren recibir ese dinero cuando sus obras están disponibles a lectura pública". También insta a la sociedad gestora a que "remita una lista de los escritores que quieren y no quiere percibir la cantidad" y le pide que diga qué cantidad recibirán los escritores "tanto españoles como extranjeros". Velázquez menciona el fin social de los centros, pues "en la biblioteca cuando se saca un libro no obtenemos un beneficio, es una tercera persona la que se beneficia; cuando recomendamos un libro, ayudamos al autor". "Las bibliotecas por definición tienen que prestar libros de manera gratuita", indican desde Bibliotecas Especializadas de Zamora que enfatizan que "ahora todo son trabas para acceder a la cultura pública". Su portavoz, Emilio Ruiz, precisa que "el ciudadano pagará el canon no directamente pero sí de manera indirecta porque el dinero saldrá de las arcas de las instituciones públicas" y reflexiona que "si la cuantía la pagamos desde las bibliotecas, un sector perjudicado serán las editoriales de temáticas muy concretas porque no podremos adquirir nuevos volúmenes".
