Ana Descalzo Pino es la nueva magistrada de la Audiencia Provincial, plaza a la que llega a los catorce años de ejercicio profesional como juez para cubrir la vacante dejada por el recién nombrado presidente, Jesús Pérez Serna. Su nuevo destino le obliga a dejar el cargo de juez decano, al que accedió en 2009 en la primera elección directa de sus compañeros y que apenas acababa de renovar. Reivindicativa y directa, sin ambages, la magistrada mantiene su línea crítica frente a las reformas de la Justicia y denuncia su politización,

-Tras doce años en el Contencioso, volverá a decidir sobre asuntos penales y civiles. ¿Todo un reto?

-Sí, comienzo una nueva etapa profesional en un órgano colegiado, una nueva andadura profesional en la que me reencuentro con mis orígenes como juez y con el estudio y aplicación de un ámbito del derecho que siempre me ha apasionado.

-Con la Ley en la mano, ¿ha tenido que enmendar la plana a muchos alcaldes y concejales?

-La jurisdicción Contenciosa-Administrativa no tiene como objetivo enmendar la plana a nadie, sino examinar si el acto de la Administración que se somete a conocimiento judicial es o no conforme a derecho. Es muy concreta y específica en cuanto a los actos y actuaciones de la Administración.

-Con frecuencia los ciudadanos identifican a esos cargos públicos con redes clientelistas y caciquiles. Como magistrada del Contencioso, ¿ha ratificado su existencia o es una percepción equivocada?

-Reitero que esta jurisdicción no tiene como finalidad el hacer valoraciones políticas de los asuntos que se enjuician, sino analizar si la aplicación de la Ley ha sido observada o no. Y aquellos hechos que no observaran la Ley y que implicaran algún tipo de actuación que pudiera constituir un delito penal, por ejemplo, se han puesto en conocimiento del Ministerio Fiscal para que investigue si ha existido o no el delito.

-Desde este Juzgado ha podido profundizar en los entresijos de la Administración, ¿qué tipos de reforma recomendaría?

-Desde luego reformaría el régimen de recursos para las sentencias que dictamos los juzgados provinciales, ya que hoy en día se permite, a no ser que la cuantía a reclamar supere los 30.000 euros, importe desproporcionado y que impide el derecho del justiciable a que su asunto sea revisado en apelación por el órgano competente. Y dotaría de más plazas de jueces a esta jurisdicción, solo así podría acabarse con el tradicional retraso, con señalamientos de juicios que se demoran más de un año.

-Entre los asuntos más polémicos están las reclamaciones de montes en mano común por parte de los vecinos que exigen a las eólicas pagar por su ocupación. A muchos vecinos les ha reconocido ese derecho, ¿ha sentenciado ya todos los recursos?

-En algunos de litigios, las pruebas practicadas han permitido una sentencia estimatoria del recurso; y en otros, no. Todos están pendientes del recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Valladolid. Aún no han finalizado.

-La Junta de Castilla y León ha sido beligerante en esta cuestión, ¿se ha sentido presionada en algún momento?

-En ningún momento. No me he sentido presionada, ni en este supuesto, ni en ningún otro, a lo largo de casi 25 años de ejercicio profesional, ni coaccionada o influenciada por alguien, ni por nada. Y, desde luego, espero que así siga siendo, no consentiría ni toleraría ningún tipo de intromisión en mi ejercicio profesional.

-Tiene usted fama de ser una juez dura.

-No sé de lo que tengo fama, ni lo que transmito a los profesionales y justiciables cuando ejerzo mi trabajo. Ahora, lo que sí puedo decirle es que soy muy seria en el ejercicio y conocimiento diario de los asuntos que tengo que enjuiciar. Es lo mínimo que exigen quienes acuden a los juzgados para solucionar sus conflictos: rigor, profesionalidad, estudio y dedicación por parte del juez para dar solución a su controversia. Si eso es dureza, bienvenido sea. Supongo que serás buenísima o lo contrario para quienes pleitean en función de si logran o no sus pretensiones.

-Ha sido uno de los baluartes para los empleados públicos, especialmente del personal de Enfermería, frente a reformas y recortes sanitarios.

-Es cierto que han existido numerosos procedimientos en materia de personal, tanto sanitaria como de otros sectores. En algunos supuestos se habrán estimado los recursos y en otros no, siempre en aplicación de la normativa.

-De esos recortes no se escapa la Administración de Justicia: plazas por crear para nuevos jueces, falta de medios materiales y humanos..., ¿imposible acabar con el enorme atasco sin reconsiderar esa situación?

-Somos uno de los países europeos con menos jueces por habitante, en el que menos se invierte en Justicia. Si no se adopten decisiones para acabar con esa tendencia, cada vez habrá más colapso y lentitud en los juzgados. Esto debe achacarse al Ministerio, que debe poner los medios para terminar o, al menos, paliar esa situación. Y no a los jueces que, con gran sacrificio personal y familiar, intentamos resolver dentro de nuestras posibilidades este gran olvido de quien debe darnos los medios para la tutela judicial efectiva del ciudadano.