Estas son las razones por las que el Ayuntamiento de Burganes de Valverde pide a la Fiscalía que investigue a la exalcaldesa

El Pleno del Ayuntamiento de Burganes de Valverde aprobó ayer con los votos a favor del Ahora decide y la oposición del Partido Popular elevar una denuncia a la Fiscalía Provincial de Zamora para que determine la posible apertura de diligencias de investigación penal contra el anterior equipo de Gobierno del Partido Popular que presidió la exalcaldesa y diputada provincial, Atilana Martínez Mayado.

La denuncia se sustenta en el informe de un abogado al que la actual administración, con mayoría de Ahora Decide, ha encargado analizar la prestación de servicios por un famliar de la exregidora y dos adjudicaciones de obras realizadas entre 2019 y 2023 por el Ayuntamiento de Burganes.

El informe detecta la presunta comisión de hasta cinco delitos: prevaricación administrativa, tráfico de influencias, de falsedad en documento oficial, malversación de caudales públicos y estafa. Estos dos últimos en dos contratos diferentes.

Encargos durante cuatro años a un familiar

El informe analiza en primer lugar los servicios prestados al Ayuntamiento por un cuñado de la exalcaldesa entre 2019 y 2023 en los que "no existe documentación alguna que pueda tener que ver con el cumplimiento de los requisitos mínimos que la Ley de Contratos del Sector Público impone para los contratos menores, como la memoria justificativa, contrato o la aprobación del gasto, entre otros documentos". Existen 16 facturas y un listado de trabajos fechados entre el 10 de septiembre de 2019 y el 24 de mayo de 2023, por un total importe de 36.806,90 euros y 13 documentos bancarios de pago, indica el informe.

Las facturas "contienen varias irregularidades de tipo estrictamente fiscal porque en algunas no se aplica la retención del 15% a cuenta del IRPF y en las que se hace se retiene un 1% y tampoco concretan el necesario kilometraje o las horas objeto de facturación o los trabajos realizados más allá del transporte de mercancías".

Llama la atención el informe sobre un listado de trabajos, "que no reviste siquiera forma de factura, por importe de 5.650,00 euros, sin desglose de IVA, sin retención, sin membrete de quien lo expide y sin identificación de quién ha de pagar que, a pesar de ello, fue efectivamente abonado mediante transferencia de 17 de mayo de 2023".

Entiende el abogado municipal que dada "a relación familiar existente entre quién presta los servicios y quién incumple sistemáticamente los requisitos legales, tanto en cuanto a contratación como al pago de supuestas facturas que a su vez incumplen los requisitos legales mínimos" se podría haber incurrido en "la presunta comisión de varios ilícitos penales que van desde la prevaricación administrativa derivada del incumplimiento consciente y permanente de la legislación aplicable a este tipo de contratos de servicios hasta el de tráfico de influencias".

La pavimentación de la avenida San Isidro: "recibida y pagada antes de terminarse"

En segundo lugar, el informe analiza una obra de pavimentación en la avenida San Isidro. Aunque la contratación habría sido correctamente tramitada, los trabajos se recibieron el 15 de junio de 2023 (acta de recepción) pese a que la obra no estaba terminada.

La empresa constructora giro una factura al Ayuntamiento por importe de 10.311,77 euros más IVA el mismo día de la firma del acta de recepción, 14 de junio de 2023, factura que fue pagada por transferencia bancaria al día siguiente, "momento en que la obra tampoco estaba finalizada".

Al margen de que la pavimentación fuera terminada por el contratista en fechas posteriores al acta de recepción y del pago de la factura, un informe encargado a un arquitecto por el nuevo equipo de Gobierno señala que en la pavimentación "deberían haberse empleado 72 metros cúbicos de hormigón, pero lo cierto es que se emplearon tan sólo 33 metros cúbicos, es decir menos de la mitad".

"Todas esas circunstancias me llevan a informar sobre que podemos estar en presencia de varios ilícitos penales, en concreto de un delito de falsedad en documento oficial, de un delito de malversación de caudales públicos e incluso de un delito de estafa, porque se ha certificado y recibido una obra supuestamente terminada cuando lo cierto es que no lo estaba y se ha pagado la factura por la obra entera antes de su efectiva finalización, con el añadido de que en la misma se ha empleado menos de la mitad del material comprometido por contrato", precisa el informe que se elevará a la Fiscalía Provincial.

El cerramiento de la pista polideportiva de Olmillos de Valverde se hizo con un "sobrecoste del 35%"

El tercer asunto del informe se centra en el cerramiento de la pista polideportiva de Olmillos de Valverde, un contrato menor de obra que en principio se tramitó siguiendo las prescripciones de la Ley de Contratos del Sector Público, pero que incluyó "un informe de los redactores absolutamente inespecífico" para justificar que "el coste inicial previsto para la obra mencionada de la pista de Olmillos precisa necesariamente incrementar un 35% más o menos del coste previsto".

En octubre de 2022, el Ayuntamiento de Burganes de Valverde y la Diputación de Zamora firmaron un convenio de colaboración y la institución provincial concedió una subvención total de 33.300,89 euros, que incluía la ejecución material y los honorarios de los técnicos que elaborasen el proyecto y llevasen la dirección de la obra. "Según la documentación facilitada, el Ayuntamiento aplicó al 100% de las facturas de los técnicos y los 33.120,89 euros a parte de la factura del contratista, que ascendió a 44.486 euros".

Con la obra acabada, certificada, recibida y pagada, el 13 de junio de 2023 el contratista giró una segunda factura, que no fue tramitada por el cauce telemático legalmente establecido, por importe de 9.533,59 euros impuestos incluidos, que no obedece al sobrecoste porcentual y genérico del que hablaron los técnicos en su informe de 9 de marzo de 2023 sino a trabajos no contemplados en las obras de cerramiento de la pista polideportiva de Olmillos de Valverde.

El informe que se elevará a la Fiscalía Provincial dice: "Hemos de suponer que ha sido pagada por el Ayuntamiento a pesar de que no consta que haya sido certificada por la dirección de obra y de que no cuenta siquiera con el aval de informe técnico alguno porque el suscrito por los autores del proyecto el 9 de marzo de 2023 hablaba de un incremento genérico de los costas de un 35%, aproximadamente, en función de la coyuntura económica global, pero en ningún caso de trabajos concretos realizados por el contratista sin que estuvieran contemplados en las obras de cerramiento de la pista deportiva".

Al margen del sobrecoste, el informe precisa que en la memoria anexada al contrato "se especificaba claramente que los muros se llevarían a cabo con ladrillo perforado. Al parecer realmente se construyeron con ladrillo de diferente e inferior calidad y precio, aunque esta circunstancia debería ser comprobada mediante el correspondiente análisis técnico".

Las recomendaciones del abogado.

"Las circunstancias apreciadas hacen plausible presumir que las arcas municipales han podido sufrir un quebranto injustificado e indebido de 9.533,59 euros, cantidad a la que asciende la factura del contratista de 13 de junio de 2023, así como que, una vez comprobado pericialmente, ha podido producirse un segundo quebranto patrimonial derivado del empleo de material de menor calidad y precio que el establecido en el proyecto y en el contrato, es decir que podemos estar en presencia de la presunta comisión, al menos, de sendos delitos de malversación de caudales públicos y estafa", indica el informe jurídico.

El letrado, al que el equipo de Gobierno actual ha encargado este informe jurídico, cree estar "en presencia de la presunta comisión de varios ilícitos penales, imputables no sólo a la anterior alcaldesa", recomienda poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Zamora para que, si se considera procedente, se abran diligencias de investigación penal. Si las mismas concluyen con un decreto de remisión al Juzgado de Instrucción recomienda también que el Ayuntamiento se persone en las diligencias previas que puedan ser incoadas como acusación particular.

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