Hace aproximadamente un año, cuando la operación de fusión entre Ceiss y Unicaja tuvo que volver a partir de cero después de casi dos años de camino, Medel planteó cuatro exigencias para «cargar» con la maltrecha caja regional. El FROB concedió dos. Asumió el llamado «riesgo Sareb» -es decir, cargaría con las posibles pérdidas de un error de valoración en los inmuebles que Caja España-Duero traspasó al banco malo- y se hizo cargo del Expediente de Regulación de Empleo que redujo la plantilla de la caja en más de mil empleados. El organismo estatal negó otra condición, rebajar el tipo de interés de los bonos inyectados por Bruselas y que suponían más de seiscientos millones. Y la exigencia más importante se convirtió en el auténtico «quid de la cuestión». Unicaja exigió que, para que la fusión saliera adelante, el 75% de los preferentistas debían acudir a su oferta de canje o que, en su defecto, fuera el Estado el que otorgase a la caja malagueña algún tipo de protección frente a lo que pudiera pasar. Y esto se ha logrado en parte, siempre y cuando se llegue a ese 75%.
Así las cosas es lógico que tanto Ceiss como Unicaja, acompañados del Banco de España, Ministerio de Economía, FROB, CNMV, gobiernos estatales y regionales y todo el que tenga algo que decir en este proceso se hayan volcado en convencer a los preferentistas de que la salida que ofrece Unicaja es la mejor opción para sus intereses. El consejero de Economía y Empleo de la Junta, Tomás Villanueva, rompió el hielo denunciando «intereses» en que la operación no salga adelante y recomendando a los preferentistas que se asesoren por «personas imparciales». Unicaja ha roto su silencio y ha anunciado que estudiará acciones judiciales contra plataformas de preferentistas, consumidores y bufetes de abogados por lo que consideran «injurias y calumnias» contra la propia entidad e intentos de desinformación en lo relativo a la oferta de canje. Y, por si fuera poco, Caja España-Duero no ha dudado en denunciar una «campaña de intoxicación» contra su imagen derivada de «la mentira» que suponen algunas afirmaciones que aseguran que la entidad habría perdido casi un millón de clientes en los últimos años.
Un cóctel que se remata con la ampliación del plazo de aceptación de canje primero hasta el 10 y posteriormente hasta el 20 de enero acompañado del «oportuno» anuncio del arbitraje del FROB, la «aclaración» de las condiciones hecha por el mismo organismo y el mecanismo de compensación de Unicaja. Todo ello en menos de un mes.
Muchas novedades ante la gran disyuntiva, o la fusión sale adelante este mes o no saldrá. El FROB se ha negado a poner más dinero sobre la mesa, el suficiente para compensar a la entidad que dirige Braulio Medel en el caso de que menos del 75% de preferentistas acudan al canje. Son ellos, por tanto, quienes tienen la llave por mucho que, según dicen, les pese.
«Los preferentistas no tenemos ningún interés ni ningún deseo de que la fusión se frustre», dicen desde la Unión de Plataformas de Afectados por las Preferentes de Caja España-Duero. «Nosotros no ganamos nada con ello. Ya lo perdimos todo con las cajas en las que confiamos». «No nos alegra», dicen, «al contrario, nos preocupa la situación de sus empleados, la mayoría de los cuales creían estar trabajando para una empresa sólida, respetable y honesta. Lo mismo que creíamos nosotros como clientes fieles de muchos años. Sabemos que si Banco Ceiss tiene que ser nacionalizado, la mayor parte de ellos perderán el trabajo. Un durísimo golpe para miles de familias y, posiblemente, la puntilla económica para nuestra ya muy castigada y depauperada región». Se reiteran en que quieren recuperar sus ahorros, «solo eso».
Las espadas siguen, pues, en todo lo alto. Los afectados tendrán que elegir en las próximas dos semanas entre la incertidumbre que siempre supone ir a unos juzgados que, de momento, dan la razón a los afectados en el 90% de los casos o aceptar las condiciones de Unicaja y elegir el camino del arbitraje para recuperar, en caso de laudo favorable, casi la totalidad de lo invertido.
