Los responsables políticos de la Diputación defendieron en el pleno de ayer el «blindaje» de los servicios públicos a pesar de los recortes que ha vuelto a aplicar la Junta de Castilla y León en este apartado, y que anteayer fueron censurados por el Partido Socialista. Pese a la caída en las cuantías económicas que llegan de Valladolid, la institución provincial aseguró en la sesión ordinaria de octubre que «los servicios sociales básicos están garantizados por esta casa».

El debate, que monopolizó buena parte de la mañana en La Encarnación, surgió ante la necesidad de aprobar el acuerdo entre la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta y los municipios de más de 20.000 habitantes y las diputaciones. El documento ya fue criticado esta semana por la oposición, sobre todo en el apartado de atención a dependientes, donde la caída de recursos asciende a 200.000 euros. «Resulta incomprensible que la Junta sea tan rácana con algo básico y fundamental», reiteró la portavoz socialista Rosa Muñoz para definir «unas cifras que avergüenzan». Los socialistas ya habían apuntado que la merma del presupuesto se traduce en una reducción de las horas de atención a domicilio que corresponden a los beneficiarios y que, según sus cálculos, alcanzan ya el 20 por ciento.

Aún reconociendo los recortes en el nuevo convenio, el equipo de Gobierno disculpó la actitud de la Junta de Castilla y León porque «estamos en una realidad de crisis económica» y defendió el papel de la Diputación, en cuya área social «no ha habido recortes». Hasta la fecha, la institución provincial se ha hecho cargo de los vacíos dejados por la propia Junta o por el Imserso ante la suspensión de la partida para el programa de teleasistencia.

Tras la defensa de la política social del vicepresidente Aurelio Tomás, el propio responsable de la institución, Fernando Martínez Maíllo, valoró que la Junta de Castilla y León ha mantenido «el convenio más importante», que cuenta con un presupuesto de cuatro millones de euros. Aún así, los partidos políticos de la oposición mostraron su desacuerdo y decepción con las cantidades que figuran en un convenio que roza los cinco millones de euros, donde más de tres se destinarán a la atención a personas dependientes.