El decreto de supresión de mancomunidades que firmará el Gobierno para ahorrar 700 millones de euros en el conjunto del país no afectará a todas. Las agrupaciones de municipios que demuestren ser «eficientes» y que estén «saneadas» podrán subsistir. Al menos, es la información que ha llegado a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que su vicepresidente, Fernando Martínez Maíllo traduce en un mensaje de tranquilidad: «Solo deben tener miedo las mancomunidades ineficientes, aquellas que no cumplan los ratios de calidad que fije el Ministerio».

El matiz puede suponer un alivio para los responsables de este modelo de organizaciones en la provincia, que han mostrado su «intranquilidad» ante la futura ley estatal que pretende reducir el número de administraciones, respetar el número de ayuntamientos y potenciar el papel de las diputaciones. Las mancomunidades locales consultadas se han mostrado contrarios a los planes del Ejecutivo de Rajoy porque no ven el ahorro por ningún lado. «El Gobierno gastará 700 millones menos en el conjunto del Estado, aunque es cierto que el ahorro en la provincia es limitado», reconoce Martínez Maíllo.

Pero, ¿quién decidirá qué agrupaciones sortean la extinción? El Ministerio de Administraciones Públicas fijará un control de calidad y mandará suprimir aquellas organizaciones que no superen los requisitos mínimos. El propio ministro, Cristóbal Montoro, ha reconocido que «hay mancomunidades que funcionan bien» después de escuchar quejas y de recibir alegaciones al texto de la futura reforma de las administraciones públicas. El presidente de la Diputación también admite que hay agrupaciones que pueden sobrevivir, aunque reitera que en Zamora «se han limitado a la recogida de basuras» y cree que el resto de servicios ofrecidos es de carácter marginal.

Entre esas prestaciones se encuentra el abastecimiento de agua (Sayagua y Benavente), el arreglo de caminos rurales, un parque de bomberos voluntarios (Tierras de Aliste) o la organización de actividades culturales y deportivas (Alta Sanabria). «La reparación de caminos rurales depende en muchos casos de la subvención que otorga la propia Diputación y hay que decir que, en muchos casos, las mancomunidades tienen la maquinaria en los almacenes», puntualiza Maíllo.

Como ya anunció el propio presidente, la institución provincial asumirá las funciones que dejen de desempeñar las 18 mancomunidades. En el caso principal -la recogida de basura en el domicilio- la institución acudirá a un macrocontrato para reducir el coste del servicio. El responsable de La Encarnación asegura que «la eficiencia viene derivada del número importante de población al que se le da el servicio, porque es más barato prestarlo a 120.000 vecinos que a ese mismo volumen mediante la suma de distintos contratos». El estudio con los datos económicos y de población establece en 15,61 euros el precio de la recogida de residuos por habitante, muy dispar en función del número de los municipios que participan en la agrupación y la población a la que prestan el servicio.

Por otro lado, los presidentes de las mancomunidades se han preguntado por el destino de sus bienes y la resolución de los contratos en vigor con empresas. En este caso, Martínez Maíllo informa que Administraciones Públicas abrirá un «proceso de negociación» como en cualquier transferencia de competencias. «Ahí se discutirán los contratos en vigor, los bienes inmuebles y el personal», señala. Este mismo año será aprobado el texto por el Parlamento para realizar la evaluación el próximo año 2013. A continuación, se producirá la transferencia de los servicios.