Los incumplimientos de la empresa Via Tertia son de sobra conocidos por la Administración. En Zamora ya fueron actualidad hasta hace unos meses: Los 56 propietarios de las viviendas promovidas por esta firma madrileña en el Alto de la Avenida, en el Edificio Santiago, vieron peligrar su subvención de la Junta de Castilla y León. Y, por ende, la condición de promoción oficial que les permitía acceder a un piso a un precio económico. Apenas hace un mes y medio que han logrado tomar posesión de sus casas tras meses de tensión, negociaciones e intervención de las administraciones públicas para evitar el desastre. En el empeño han echado un año y cuatro desde que firmaran su contrato que les confería la titularidad de los inmuebles.

La mediación del delegado de la Junta de Castilla y León en Zamora, Alberto Castro, resultó fundamental para evitar una situación que habría colocado a los dueños en un aprieto económico, y para procurar la calificación de las propiedades. El impedimento para ello estaba en los defectos de construcción apuntados por los técnicos de la Administración, cuya subsanación la empresa no quería asumir.

Finalmente, en una reunión mantenida con los promotores, Alberto Castro consiguió que se hicieran cargo de las obras que debían acometerse para cumplir con la normativa regional. Mientras, la Junta accedía a ampliar los plazos para calificar las viviendas de protección oficial «en beneficio de los propietarios».

Hasta llegar a esta solución, los propietarios pasaron por una verdadera travesía del desierto e incluso llegaron a anunciar una movilización ante la falta de información sobre los problemas que impedían la entrega de sus viviendas. La promotora Via Tertia les llegó a proponer la entrada en el edificio sin la preceptiva licencia de ocupación, al tiempo que responsabilizaba al Ayuntamiento de Zamora y a la propia Junta de la demora. Incluso sus responsables llegaron a justificar la dilación con la compleja y larga tramitación que requiere este tipo de pisos antes de conseguir el reconocimiento de la Administración regional previo a la calificación de protección oficial.