Tan sólo seis votos han decidido en Zamora poner fin a la huelga de los funcionarios de Justicia, que, «decepcionados y en un ambiente de cabreo e impotencia», mantuvieron ayer una larga y tensa asamblea previa a la consulta en referéndum sobre el contenido del acuerdo y la desconvocatoria del paro indefinido. De los 101 que emitieron su voto, 50 frente a 44 optaron por el "no" a la continuidad de la huelga. Sin embargo, fue mucha mayor la oposición al acuerdo, ya que 67 funcionarios los rechazaron, frente a 17 que manifestaron su conformidad con él.

Ahora el problema será, indican abogados y procuradores, «gestionar la vuelta a la normalidad, habrá que elaborar un programa para reanudar la actividad» tras doce semanas de paro casi absoluto, puesto que los servicios mínimos fijados fueron escasos, indica el decano de abogados Ignacio Esbec.

El representante de los Procuradores, Juan Manuel Gago, apelaba a la «colaboración y el esfuerzo de todos» para lograr la puesta al día de los juzgados. Gago solicitaba al secretario coordinador que se hicieran las notificaciones «de forma escalonada y racional para evitar aluviones» en los despachos de procuradores y abogados. Y facilitar que los plazos perentorios de resoluciones y sentencias de los jueces se puedan cumplir sin problemas.

Una vez abandonada la plataforma sindical por CC OO y UGT, las dos grandes organizaciones sindicales, «era imposible sostener la huelga con sólo el respaldo de los otros dos sindicatos, STAJ y CSI-CSIF», con un respaldo mucho menor entre los trabajadores, subrayaba un representante en Zamora de una de las dos formaciones más importantes.

Es muy probable que de no haberse producido esa respuesta de UGT y CC OO, «la huelga hubiera continuado», aseguran responsables sindicales y funcionarios consultados en la capital. Trabajadores aclaran que el malestar generalizado no es por el contenido económico, sino sí por el compromiso adquirido de desatascar los juzgados en tres meses prorrogables a otros tres. «Eso es prácticamente imposible» con la acumulación de trámites y asuntos que se han producido durante el mes de paralización, subrayaban ayer en Zamora.

No obstante, el «sentir generalizado» entre los huelguistas era ayer de «decepción, por las formas más que por el contenido del acuerdo», indican fuentes de la plataforma sindical y trabajadores. De hecho, los representantes de UGT y CC OO en Zamora, los sectores sindicales, «hemos desoído a las cúpulas para estar con los trabajadores», asistieron a la asamblea y estuvieron en todo momento junto a los funcionarios. «Aguantando el chaparrón», indicaban ayer, puesto que se sienten «traicionados» por «las maniobras» de las dos grandes centrales sindicales, que «dieron por hecho el acuerdo sin someterlo a consulta como se habían comprometido». Los representantes de los dos sindicatos mayoritarios se mostraban ayer «desanimados, desencantados y hechos polvo, nos han vendido a los delegados sindicales», manifestaba alguno de ellos. «Deberían haber convocado el referéndum» antes de dar por hecho el acuerdo alcanzado con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, «como quedamos con los trabajadores».

Las objeciones al acuerdo no están relacionadas con la cuestión económica, «que dista de nuestra reivindicación en 10 euros», sino en otros aspectos como que «impone la paz social hasta enero de 2010», lo cual les ata para futuras reivindicaciones y «en los planes de actuación» para sacar adelante el trabajo en tres meses. «Es imposible cumplirlo, ni en el mejor de los casos, mucho menos de forma voluntaria y sin poder hacer más de 40 horas semanales», afirman. En este sentido, recordar que el presidente de la Audiencia Provincial, Luis Brualla Santos-Funcia, estimó con datos a diez de marzo que el atasco judicial provocado por la huelga precisaría de un año para recuperar la actividad normal. Para entonces eran 550 los juicios suspendidos, a los que habrá que añadir aquellos que se habrían señalado de no haberse convocado la huelga general.

Las demandas e ingresos sumaban entonces 900, de las que estaban pendientes de incoar 700; mientras que los asuntos penales ingresados superaban los 1.000 y pendientes de incoar eran más de 600. Los escritos pendientes también el diez de marzo de despachar eran 2.000 y otros tantos sin realizar. En el Registro Civil había sin certificar 60 nacimientos, 135 defunciones y 17 matrimonios. Todas estas cifras se habrán incrementado a lo largo de las otras tres semanas de duración de la huelga, lo que provoca dudas entre los funcionarios de que la normalidad se imponga con rapidez.

De esa opinión es el decano del Colegio de Abogados, que igualmente considera «imposible» reconducir la situación con seis meses de trabajo. Para Esbec este punto del acuerdo no pasa de ser «una declaración de intenciones», puesto que la situación de cada juzgado antes de la huelga tampoco era la misma, «habrá juzgados que no tengan una buena situación porque ya estuvieran muy apurados, y otros que estaban al día» que tendrán menos dificultades para recobrar la normalidad. Su homólogo del Colegio de Procuradores disiente al manifestar que «con mucho esfuerzo y colaboración» se logrará dar el servicio a los ciudadanos y «seremos capaces de lograr» deshacer el atasco producido por los dos meses de paro en el tiempo previsto en el preacuerdo entre Justicia y sindicatos mayoritarios.