Sucesos en Zamora
CASO RAGA | La jueza concluye la instrucción del fraude de un millón al Ayuntamiento, tras terminar los interrogatorios
El representante de la empresa declara que el Ayuntamiento le debe un millón y recuerda que la adjudicataria de Parques y Jardines quebró
Gonzalo R.G. acude detenido al Juzgado para prestar su primera declaración. / Ana Burrieza (Archivo)
La jueza concluye la instrucción del caso Raga por un presunto fraude de casi un millón de euros al Ayuntamiento de Zamora en la gestión del servicio de Parques y Jardines entre los años 2014 y 2019, paso previo a informar sobre la existencia de indicios suficientes de delitos y qué investigados deben ser imputados, según ha sabido LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA de fuentes próximas a la institución local.
Esta es la fase previa a la conversión de las diligencias en sumario o procedimiento abreviado e informar a la Fiscalía y la acusación particular, en este caso el Consistorio, y a los abogados de los investigados para que analicen la decisión de la juez y presenten recurso contra el auto si lo desean, antes de remitir la causa a la Audiencia de Zamora.
En ese documento, la titular del Juzgado de Primer Instancia e Instrucción número 5 de la capital recoge sus propias conclusiones sobre si ha habido delito o no, si existen pruebas, y qué investigados pasan a ser imputados para ser juzgados ante la Audiencia de Zamora, órgano que celebrará el juicio si es la jueza no decide archivar la causa, que no parece probable.
Vega flanqueado por sus abogados, oculta su rostro. | N. R. (Archivo) / Susana ArizagaS. A.
Los encausados hasta el momento son el exjefe de Parques y Jardines, Alberto Vega Vicente, ya condenado a un año de prisión por fraude procesal y pendiente de otro juicio con jurado; el exconsejero delegado y exdirector ejecutivo, Gonzalo R.G.; el responsable territorial, de la zona noroeste, de Raga entre 2014 y 2017 A.G.I.; y los trabajadores S. M. y F.A., a los que apunta la Unidad de Delitos Económicos y Violentos (UDEV) de la Comisaría de Zamora, tras el informe de la viceinterventora del Ayuntamiento. De ahí partió la causa judicial que recoge las prácticas presumiblemente ilegales entre 2014 y 2019, al prescribir los posibles delitos cometidos cinco años antes de presentar la denuncia el alcalde de Zamora de IU, Francisco Guarido.
Última fase de la causa antes del juicio
El caso Raga entra, pues, en la última fase antes de que la causa suba a la Audiencia para que califique los hechos y solicite las penas de prisión que estime oportunas la Fiscalía de Zamora para quienes resulten imputados por la jueza de instrucción del Juzgado número 5 de la capital tras la denuncia del Ayuntamiento de 2019. La decisión está vinculada al análisis de las declaraciones de todos los investigados y de los testigos. Precisamente los últimos en declarar fueron el exconcejal de IU de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente, Romualdo Fernández, y el representante legal de Raga, un abogado que negó relación alguna de sus representados con el presunto fraude, puesto que el Grupo Raga entró en concurso de acreedores y fue adquirido por estos accionistas.
El letrado no solo manifestó que el nuevo entramado empresarial está desvinculado de la gestión del servicio municipal zamorano en esos años y que no tendrían ninguna responsabilidad penal derivada de aquel holding familiar, sino que han reclamado al Consistorio una deuda de un millón de euros pendiente de cobrar.
El exedil de IU confirmó que el servicio de Parques y Jardines "estaba pagando trabajos que no se hacían, como los de Valoración, según los informes de Intervención y de técnicos municipales" en el periodo en el que la gestión del servicio municipal era responsabilidad de Alberto Vega Vicente y la adjudicataria Raga, en ambos casos salpicados por estos delitos de corrupción que se están investigando junto a dos funcionarios.
Las pruebas recabadas por la UDEV fueron analizadas en profundidad tras hallar una amplia documentación y conversaciones de WhatsApp e intercambio de correos electrónicos entre Vega Vicente y responsables de Raga que confirmarían esas actuaciones ilegales y fraudulentas para las arcas municipales. Desde la realización de obras en propiedades particulares de los empleados y otras personas con material, empleados del servicio municipal y en horario laboral hasta el pago de trabajos, al parecer, no realizados o el endoso de facturas a la institución local por el arreglo de maquinaria que supuestamente correspondía con vehículos particulares, así como del repostaje de gasolina.
La policía judicial de la Comisaría de Zamora halló documentos comprometidos en los registros domiciliarios de Vega Vicente y de otros investigados, como el responsable de Raga que apuntarían a la existencia de esa trama de corrupción municipal que estaría urdida, según las diligencias previas, por Alberto Vega Vicente y empresa adjudicataria.Tanto Gonzalo R.G. como A.G.I. sostuvieron en sus declaraciones que "los trabajos de valoración eran parte intrínseca del contrato" de Parques y Jardines.
Los empleados investigados S. M. y F.A. también niegan haber realizado obras o participado de las supuestas ilegalidades y engaños al Ayuntamiento.
Fiscalía y abogados de Ayuntamiento, Vega y Gemma N.S. alegan antes del juicio con jurado
La jueza del caso Alberto Vega ha convocado a la Fiscalía, al abogado del Ayuntamiento y a los dos de las defensas para que realicen sus alegaciones ante la apertura de juicio con jurado por el tipo de delitos de corrupción en el que están imputados el exjefe del servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Zamora y la empresaria gallega Gemma N.S. por el pago de quince obras que la acusada confesó que no había ejecutado y para las que prestaba el nombre de sus empresas a cambio de una comisión.
La confesión de la titular de Iocus y Romina & Ekaitz a los agentes de la UDEV de la Comisaría de Zamora sirvió para conocer que Alberto Vega Vicente la llamaba para pedirle que presentara una oferta, cuando ya la obra estaba hecha, y que a cambio recibía una cantidad como compensación, 500 euros por proyecto, matizó.
La causa judicial, al tratarse de un delito de corrupción de un funcionario público, ha terminado en un procedimiento que se juzgará, con toda probabilidad, por la Ley del Jurado que recoge este tipo de infracciones penales entre las que deben resolverse con veredicto popular.
La jueza de Instrucción comunicará a las partes personadas en la causa el derecho a formular alegaciones y a solicitar asistencia jurídica gratuita, además escuchará al Ministerio Fiscal, a los acusadores y les concretará la imputación que formula y por qué ante lo que los abogados de los dos imputados tomarán la palabra en defensa de sus clientes y podrán solicitar la práctica de más pruebas que la juez deberá admitir o no e, incluso, el archivo de la causa judicial.
El abogado del Ayuntamiento acudirá para intervenir en favor de los intereses de la institución local y recibirá el escrito de apertura del procedimiento del jurado si no le ha llegado con la citación a esta comparecencia en sede judicial, al igual que sucederá con el resto de las partes personadas en esta causa judicial. Igualmente, podrá realizar alegaciones y pedir nuevas diligencias.
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