Caso Raga | Nueve zamoranos decidirán el futuro del exjefe de Parques y Jardines

Un jurado popular tendrán que dirimir si el exjefe de Parques y Jardines, Alberto Vega Vicente, cometió delitos de corrupción, malversación de caudales públicos, junto a empleados municipales bajo su mando y directivos y trabajadores de Raga, la empresa adjudicataria del servicio del Ayuntamiento de Zamora para ejecutar proyectos que se simularía contratar con otras empresas, como denunció el alcalde de IU, Francisco Guarido.

Se trata de la cusa judicial principal de la que dimana la pieza separada en la que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 investivga el posible fraude de casi un millón de euros (918.246,48 euros) a las arcas municipales cometido, según los informes de la viceinterventora y la investigación judicial, en conivencia de los cinco encausados entre los años 2014 y 2019.

La jueza ha tomado hoy declaración a algunos de los cinco encausados de la pieza separada para decidir si les imputa delitos de malversación de caudales públicos, fraude y cohecho que podrían terminar en otro juicio con jurado, como ocurriera en el caso de la trama solar que enjuicio un tribunal popular en la Audiencia de Zamora.

15 contratadas a la empresaria gallega y ejecutadas por Raga

La causa principal se centra en esos 15 contratos que el alto funcionario adjudicó a la empresaria gallega Gemma N.S. "por teléfono", pero que no llegó a ejecutar porque "no tenía personal ni medios", según admitió esta investigada en el primer juicio celebrado la semana pasada en la Audiencia contra ella y Vega Vicente por haber reclamado ante el Juzgado Contencioso al Ayuntamiento el pago de la factura de uno de esos proyectos, el del parque infantil de Belén, a pesar de que no lo había realizado.

Esta causa por intento de fraude procesal, ya que Gemma N.S. retiró la demanda al estallar el caso de malversación de caudales públicos, está pendiente de sentencia.

Las obras se habrían llevado a cabo con personal de Raga pagado con el contrato del Ayuntamiento y con material y elementos de juego que eran de la institución local.

Estos delitos fueron admitidos por la dueña de Romina & Ekaitz e Iocus Tecnology, sociedades a las el exjefe de Parques y Jardines habría contratado para algunos de esos proyectos de menor cuantía que se pueden adjudicar directamente, como la rehabilitación de la fuente de Félix Rodríguez de la Fuente en el bosque de Valorio y el parque infantil de Belén.

La determinación se comunicará a la Fiscalía de Zamora, al abogado del Ayuntamiento y a los de las defensas en breve durante una comparecencia en la cada parte personada podrá exponer sus alegaciones a esta decisión e incluso solicitar el sobreseimiento de la causa.

En esta misma sesión, los letrados pueden pedir a la jueza nuevas diligencias de investigación que consideran necesarias, sobre las que la titular del Juzgado número 5 podrá decidir si se admiten o no. Cumplido este trámite, establece si continúan las diligencias por el procedimiento del jurado o no, aunque, por lo general, cuando la propia instructora judicial abre esta posibilidad, se suele terminar en juicio con jurado.

Los investigados son, además del funcionario expedientado y apartado de su puesto de trabajo, el que fuera director ejecutivo del Grupo Raga, de iniciales G.R.G.; el exresponsable de la zona Noroeste, A.G.I.; el encargado de Raga en Zamora, de iniciales S.M.M.; el técnico administrativo de Raga, F.A.; y el empleado municipal E.G., de acuerdo con la información a la que ha tenido acceso este diario.

La fase de instrucción, próxima a concluir

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de la capital está concluyendo la fase de toma de declaración de los acusados, tras haber interrogado a los testigos que han ido aportando datos para concretar las posibles ilegalidades que se cometían en la gestión y atención al área de Parques y Jardines recogidas al detalle en un informe de la viceinterventora.

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Esas infracciones iban, según la denuncia, desde la adjudicación ficticia de obras menores a empresas, incluida a la propia sociedad madrileña concesionaria del servicio, a Raga, ficticias porque las facturas que se derivaban al Ayuntamiento no se correspondían con las obras realizadas, que se llevaban a cabo, al parecer, con material de la institución local y con adscrito a la empresa adjudicataria.

Obras particulares con medios y personal de la concesionaria

Asimismo, se investiga la realización obras en propiedades privadas con el mismo sistema, lo que supondría una coste para el Ayuntamiento. Otras posibles anomalías tienen que ver con el cobro a la institución local de horas extraordinarias y trabajos de valoración que no se habrían llevado a cabo.

Precisamente, la semana pasada la Audiencia celebró el juicio contra el exjefe de Parques y Jardines y la empresaria gallega que trató de cobrar por vía judicial la liquidación de la construcción del parque infantil de Belén que nunca llegó a realizar y que le adjudicó Alberto Vega por teléfono tras haberse ejecutado ya el proyecto.

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